La corrupción, al ser un fenómeno multicausal tan complejo y con tantas aristas, no se puede abordar únicamente desde el sector público. Se requiere de la acción de todos los sectores. Estas fueron las palabras de la coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción de Perú, Susana Silva Hasemback, en una entrevista exclusiva con gestionpublica.info.

La CAN Anticorrupción fue creada en 2010 aunque recién en 2012 fue reconocida bajo el rango de Ley. Con esto la Comisión obtuvo una mayor institucionalidad, explicó Silva Hasemback, quien además desde marzo está a cargo de la conducción del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) que depende de la OEA.

Es necesario tener una política anticorrupción alrededor de la cual todos los sectores estén de acuerdo. Debemos establecer un consenso para determinar cuál es la hoja de ruta a seguir como país en esta materia, aseguró la funcionaria. El organismo que conduce está integrado por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil y tiene como objetivo articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.

Uno de los primeros trabajos de la CAN Anticorrupción fue definir qué se entiende por corrupción. ¿Cómo fue ese proceso?

La corrupción es un término que tiene muchas acepciones que van desde las más acotadas, que se establecen en el ámbito jurídico penal, a las más laxas, que consideran corrupción un mal servicio que se brinda al ciudadano. Nosotros decidimos tomar una definición bastante amplia que deja la posibilidad de concebir la corrupción no sólo como aquellos  actos que se comenten dentro del Estado o entre el Estado con los particulares. Desde la CAN, dejamos la puerta abierta para concebir corrupción también entre particulares ya que en algún momento Perú se tiene que adscribir a esta tendencia mundial.

¿Qué fue lo que motivó a impulsar un trabajo multisectorial en la CAN?

Nuestro punto de partida fue que al ser la corrupción un fenómeno multicausal, tan complejo y con tantas aristas no se puede abordar únicamente desde el sector público, sino que requiere de la acción de todos los sectores. Y dentro del sector público precisa una articulación también porque está establecida una idea errónea vinculada a que la lucha contra la corrupción está solamente en manos del Poder Judicial, la Contraloría de la República o el Ministerio Pública. Desde nuestra perspectiva, cada uno tiene su rol y deben ser complementados entre sí.

¿Cuál es la metodología de trabajo del organismo?

Se ha logrado una dinámica de trabajo muy interesante. Nos reunimos cada dos meses con los titulares de las diferentes entidades. El presidente del Poder Judicial, el titular del Ministerio Público, el Fiscal de la Nación y el propio Contralor de la república son convocados para aprobar las iniciativas. Nosotros entre reunión y reunión establecimos un grupo de trabajo técnico donde participan un asesor de cada uno de los responsables de las actividades. Con ellos nos reunimos cada semana y cuando llega la sesión, solamente se aprueba y se realiza un comunicado de prensa.

¿Cómo se coordinan y conviven los intereses de los distintos sectores?

A nivel técnico, cada uno tiene sus propios intereses. Por ejemplo, el sector empresarial al enterarse que va a existir una responsabilidad penal autónoma para las empresas al principio dijo un momentito, ¿de qué se trata esto?. Hay todo un proceso de trabajo interno en el cual se convoca a especialistas que tienen mucha incidencia en determinados sectores privados de la sociedad civil. Eso ayuda a generar una convicción de que el camino que estamos proponiendo es el correcto.

Otro punto sobre el que trabajan desde la CAN está vinculado con la descentralización de la lucha contra la corrupción. ¿A qué se refieren con descentralizarla?

La lucha no tiene que estar centralizada en la capital de un país sino que debe tener una base institucional y social descentralizada. En Perú hay 25 regiones y tenemos conformados 21 espacios de articulación. Nos faltan cuatro. En dos meses vamos a lograr tener cubiertas las zonas.  Sabemos que formar una instancia de coordinación no soluciona el problema de la corrupción, es sólo el primer paso que supone sentarse a definir cuáles son los problemas que tiene cada zona del país. 

Usted señaló que es preciso cambiar la visión del ciudadano respecto al funcionario público. ¿Qué medidas plantean para lograr esto?

Estamos generando pautas éticas porque si bien tenemos un código de ética bastante bueno, es muy general. Planteamos pautas para el uso de los vehículos públicos o para recibir regalos. La ciudadanía cuando ve esos tipos de cosas se genera una alta percepción de que hay una corrupción galopante.

¿Cuáles son los índices de corrupción que maneja Perú?

De acuerdo a las encuestas, en el año 2010 la corrupción figuraba como uno de los principales problemas que el ciudadano percibía. Ahora lo identifican como segundo y con una tendencia a la baja. La gente percibe corrupción por todos lados. Pero si se le pregunta ‘¿Usted ha sido víctima de un acto de corrupción como la exigencia de una coima?’,  seguramente respondan que no. Esto esta sustentando en encuestas. La diferencia entre la percepción de corrupción y la victimización es enorme. Más del 60 por ciento.

¿En qué se basa esta diferencia?

Hay una percepción basada en la insatisfacción que tiene el ciudadano cuando acude a una institución pública para ser atendido porque hay demoras y la información muchas veces no es clara. El ciudadano considera que si el Estado tiene recursos y no brinda bien el servicio hay un mal manejo del dinero que reciben las entidades públicas.

¿Como titular del MESICIC, cómo evalúa la lucha anticorrupción en Latinoamérica?

La gran mayoría de los países tienen una mayor apertura para trabajar en la participación de la sociedad civil y el empresariado. Sin embargo, en algunos países encuentro mucha resistencia. Hoy hay una mayor apertura para encarar de manera articulada este tipo de políticas y así tener avances concretos en la lucha contra la corrupción.