El pasado 30 de junio y 1º de este mes, se realizó el Seminario Propuestas Políticas Verdes para la Ciudad de Buenos Aires, donde se presentaron diversas iniciativas para el cuidado del medioambiente y en el que participaron varias organizaciones no gubernamentales, candidatos a legisladores porteños y referentes internacionales.

Uno de ellos fue el diputado brasileño Alfredo Sirkis, representante del Partido Verde, quien describió las medidas tomadas por el vecino país para el saneamiento del Río Tieté.

Actualmente, a través de una iniciativa ciudadana y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Ciudad de San Pablo se encuentra en la etapa final del proyecto de saneamiento de lo que podría considerarse el Riachuelo brasileño.

El río Tieté nace en la ciudad de Salesópolis, es uno de los afluentes del Paraná y con sus 1.150 Kilómetros de longitud atraviesa todo San Pablo. Según contó Sirkis, en 1992, luego de que se reunieran más de un millón de firmas, el gobierno paulista creó el programa de descontaminación.

El BID brindó los recursos para llevar adelante lo que hasta ahora es el mayor proyecto de remediación ambiental del Brasil, que además de intensificar los controles de la contaminación industrial, también trazó objetivos en cuanto a la urbanización y la educación para el cuidado del medioambiente.

El proyecto se dividió en tres etapas. La primera, fue la recolección de todos los residuos flotantes y los existentes en los márgenes del curso de agua. Esa fase inicial beneficio a más de 250 mil familias que habitaban cerca de los márgenes del río. En Brasil, un decreto dispone que no se puede habitar un área de 30 metros próximos al río.

De todos modos, los plazos preestablecidos para la obra no pudieron cumplirse y ya en 1999 el río aún no podía ser utilizado para recreación, como se pretendía. No obstante, durante esa primera etapa, unas 1.200 empresas, responsables del 90% de la contaminación industrial, se unieron al proyecto, y cada una comenzó a tratar sus desechos en forma independiente.

La segunda parte del saneamiento buscó optimizar el servicio de agua potable de uso doméstico y, para lograrlo, se pusieron en ejecución 900 kilómetros de redes colectoras. Además, diseñaron programas de reutilización del agua, con cursos que estuvieron a cargo de los municipios y organizaciones no gubernamentales.

La tercera y última etapa, que se esta llevando a cabo en la actualidad, tiene como objetivo mejorar la calidad del agua del Río y las reservas, para lo cual se dividirá el Tieté en sectores y, con la utilización de filtros y químicos, el agua llegará limpia a la cuenca.

El proyecto fue financiado por el BID en su totalidad, que desde 1992 hasta hoy desembolsó 800 millones de dólares. De esa cantidad, 200 millones corresponden a la tercera y última parte del plan, que se estipulaba esté terminada para mayo pasado, pero aún no finalizó.

Más allá de la descripción, el diputado Sirkis lanzó algunas críticas sobre el proyecto. Pese a considerar que Brasil creció mucho en el aspecto económico, sostuvo que en cuanto al saneamiento es probable que se haya registrado un retroceso, porque actualmente el 93% de la hospitalización son por las aguas contaminadas.

Gestionpublica.info consultó a Sirkis sobre algunas políticas que se puedan implementar en el Riachuelo. El diputado aseguró que es un trabajo para 30 o 40 años, y que lo principal es la relocalización de las familias que vivan en las márgenes del curso de agua.

En ese sentido, según un relevamiento del diario La Nación, a tres años de que la Corte Suprema de Justicia ordenara el saneamiento del Riachuelo sólo se construyó el 0,32% de las viviendas prometidas para relocalizar a los vecinos de la Cuenca.

Dice el informe que, en enero de este año, el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, anunció que se dispondrían $ 3.173 millones para la construcción de 17.771 viviendas sociales para la Cuenca Matanza-Riachuelo. De ese universo, 2500 son viviendas en la Capital.

A más de seis meses del anuncio, se entregaron 58 casas: se mudaron 18 familias en Avellaneda; 10, en Lomas de Zamora, y 30, en el asentamiento Luján de la ciudad de Buenos Aires. El juez federal de Quilmes, Luis Armella, que ejecuta el fallo de la Corte, estableció plazos definitivos para las mudanzas de todos los asentamientos, entre los que se encuentran las villas 21-24 y 26 de la Capital. El plazo es 2013.

Por retrasar esa mudanza y haber permitido la ocupación de un complejo de viviendas, ocurrida en marzo de este año, Armella multó con $ 35.000 a Cristina Camaño, secretaria de Seguridad de la Nación. La funcionaria apeló el fallo. El diario, además cita fuentes con acceso al expediente, quienes indicaron que hay muchas viviendas en construcción y que se espera que las mudanzas aumenten desde 2012.