A pocos días de la proclamación de Felipe VI como nuevo de monarca de España, la corona quedó nuevamente en el centro de la escena mediática. Lejos de las pompas y pleitesías con las que se cubrió la asunción del heredero de Juan Carlos, la prensa de la península puso el acento esta vez en la hermana del rey, Cristina de Borbón y Grecia, quien podría enfrentar hasta 16 años de prisión por los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero.

El juez interviniente en la causa Noos (ver aparte), José Castro, finalizó el proceso de instrucción y elevó el caso a juicio oral. El magistrado emitió un auto en el que consideró que la Infanta Cristina fue cómplice de los delitos fiscales que habría cometido su marido, Iñaki Urdangarin.

Según publicó el portal La nueva España, Castro considera que hay "sobrados indicios" de que la Infanta intervino en la presunta trama corrupta "lucrando en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera su marido" mediante una "colaboración silenciosa".

En todas las instancias del proceso judicial Cristina de Borbón alegó desconocer las imputaciones que le incriminan, desvalorizando así los indicios acusatorios. Recelosa de la prensa, la Infanta cultiva su bajo perfil y no fue de extrañar su ausencia durante la proclamación de Felipe.

A pesar de la contundencia de las pruebas, la decisión de Castro aun no está firme ya que debe pasar por la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.

Quienes salieron a defender a la corona fueron el fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Jesús Dolz, y el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach. Para Dolz no habrá juicio oral contra la Infanta hasta tanto no se expida Ministerio Fiscal o la acusación particular. El funcionario precisó que "podría producirse una excepción" por una matización de la llamada Doctrina Atutxa. Es evidente que todo ciudadano español, incluida la Infanta, tiene derecho y merece un juicio justo, aseveró.

Por su parte, Horrach interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial contra la decisión Castro. Además, cuestionó al magistrado por haber llevado a cabo una instrucción "a la carta" y haber practicado investigaciones "contradictorias" en torno a la hermana del rey Felipe VI.

Caso Noos

Según la investigación iniciada por el juez Castro,  Iñaqui Urdangarin y a su socio Diego Torres se apropiaron de 7.7 millones de dólares del erario público a través del Instituto Nóos.

Si bien los contratos fueron recibidos a través del Nóos, hay pruebas que constatan que el dinero fue desviado hacia empresas privadas propiedad de Urdangarín y Torres, entre las cuales figura Aizoon, cuyos propietarios son Cristina de Borbón y su esposo.

De esta manera, el juez entiende que la hija mayor de Juan Carlos formaba parte de la junta directiva de dicha institución por lo que, de acuerdo al magistrado, podría haber un delito de cooperación o complicidad.

En el marco de la investigación de la causa Nóos, Urdangarin está acusado de nueve delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, fraude fiscal, estafa, falsedad de documento oficial y de documento mercantil.

Las pruebas del juez Castro son contundentes. La justicia española determinará en los próximos días si Cristina de Borbón deberá enfrentar un juicio oral, como cualquier ciudadano y sin coronita.