El Equipo Latinoamericano de Justica y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lanzaron un informe titulado El valor de la igualdad de Género, en donde analizan las partidas presupuestarias del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires en materia de género.

Al comienzo del documento se explica que el análisis presupuestario es un elemento fundamental para evidenciar las distancias existentes entre las normas que reconocen derechos y la efectiva implementación de los mismos y agrega que los presupuestos no son neutros en términos de género, ya que los recursos públicos pueden efectivamente usarse para impulsar políticas dirigidas a compensar y remediar las desigualdades que existen en esta materia.

En ocasión de la Semana de Presupuesto y Derechos, estas ONG exploraron documentos oficiales ligados al ciclo presupuestario tanto a nivel nacional como de la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de conocer la jerarquía de distintos programas orientados a promover la igualdad de género y su asignación y ejecución presupuestaria.

Según se detalla, un problema estructural que pudo advertirse fue la falta de información accesible y suficientemente desagregada que permita hacer análisis significativos, en muchos casos por la falta de jerarquización de los organismos y programas orientados a promover la igualdad de género.

En aquellos casos en que los organismos cuentan con un presupuesto definido para políticas y programas relacionados a la cuestión de género, se registra un problema habitual: la falta de ejecución completa del presupuesto asignado, advirtieron las organizaciones participantes.

Como ejemplo, el informe toma el caso del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) para el que solo se identifica el Programa de Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer en los documentos presupuestarios analizados.

El presupuesto asignado al Consejo para el año 2010 fue de $21.986.00014, mientras que el crédito final fue de $26.743.421, de los cuales se ejecutaron solo $16.416.32717. Estas cifras implican que solo se gastó el 61,38% de los recursos disponibles, lo que supone que casi el 40% de los recursos destinados al cumplimiento de las competencias del Consejo fueron inutilizados, analiza el documento.

Además, el informe detalla que la situación fue análoga en los años 2011 y 2012. En el primero de ellos, el crédito original fue de $21.544.749, el final de $25.202.510 y el ejecutado de $19.744.133, lo que implica una ejecución del $78,34% de los recursos disponibles. Para el año 2012, el 30% de los recursos disponibles no fueron utilizados ya que se ejecutaron $21.233.006 de los $30.063.597 disponibles.

Recién en 2014 se alcanzaron mejores niveles de utilización de los recursos disponibles, cuando con un crédito original de $22.564.234, uno final de $33.572.739 y uno devengado de $31.810.138 se logró una ejecución del 94,75%, sentenciaron las ONG.

Para que los número sean más claros, ELA y ACIJ compararon el presupuestos de la CNM con la ejecución presupuestaria del programa Fútbol Para Todos (FPT): en 2014 se televisaron un total de 764 partidos de fútbol y 100 carreras automovilísticas por un costo de $1.926.041 por evento; en 2013, se transmitieron 705 partidos de fútbol y 100 carreras automovilísticas a razón de $1.733.416 por evento; en 2012, 663 partidos de fútbol y 99 carreras automovilísticas a un costo de $1.586.614 por evento; y en 2010, un total de 387 partidos de fútbol, lo que arroja un costo de $1.523.772 por evento, sostiene el informe.

Cuando se comparan los recursos ejecutados por el FPT y por el Consejo Nacional de las Mujeres puede concluirse que, en 2014, el presupuesto ejecutado por el CNM equivalió a menos de 12 eventos del mencionado programa. En el año 2013, a menos de 8; en 2012, a menos de 7 y en 2010, a menos de 4, destacaron las organizaciones.

Como conclusión, el informe asegura que todo lo analizado evidencia que honorar los compromisos asumidos en materia de igualdad de género no parece ser una prioridad real de los gobiernos. Esta situación no solo atenta contra el diseño y monitoreo de políticas públicas respetuosas de derechos, sino que también va en contra de la transparencia que el Estado debe garantizar, especialmente en materia presupuestaria.