En primer lugar, hacen falta otras reformas normativas en materia de delitos económicos. Dos puntos clave que siguen pendientes son la reforma del Código Procesal Penal de la Nación y la inclusión del decomiso civil para todos los delitos económicos. Nuestro Código Procesal genera un sistema judicial ineficiente para perseguir cualquier tipo de delito, pero esto se evidencia particularmente frente a los hechos de criminalidad económica, donde los procesos alcanzan un promedio de 14 años de duración.

Por otra parte, es fundamental crear en nuestra legislación la herramienta del decomiso civil para cualquier delito económico. Actualmente, el decomiso está regulado como una pena, y solo ha existido un caso de recupero de activos en hechos de corrupción (Alsogaray). Si la actividad del Ministerio Público Fiscal y de los organismos de control como la UIF se enfoca en recuperar los bienes ilícitos, no solo se podrá reparar el daño causado a la sociedad sino también prevenir nuevos delitos.

Sin embargo, toda reforma normativa es por sí misma insuficiente si no está acompañada de una voluntad política de perseguir la criminalidad económica y recuperar el dinero perdido por la sociedad. Como ya señaláramos en una columna anterior (linkear a http://www.gestionpublica.info/politica-detalles-noticia/items/la-uif-cambios-realizados-y-desafios-pendientes.html), desde 2010 la UIF ha mostrado un cambio positivo en su gestión, que debe ser profundizado y complementado con el trabajo de los restantes organismos de control y poderes del Estado. En este sentido, puede citarse el ejemplo de la reciente creación de la PROCELAC (Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). Este organismo debe ser aprovechado por todos los sujetos que intervienen en la lucha contra el lavado de dinero, que ahora cuentan con fiscales especializados en este tipo de delitos y que pueden colaborar para lograr los resultados que hasta ahora no fueron conseguidos.

Esta modificación de la estructura de la UIF no debe ser tomada como un objetivo ya cumplido, sino solo como un medio que permita alcanzar un fin tan ambicioso como urgente y necesario. La Unidad de Información Financiera debe romper con la lógica de funcionamiento burocrática e ineficiente de la gran mayoría de los organismos de control, que permiten la actual situación de impunidad. La ampliación de los poderes y facultades de la UIF solo tendrá sentido si se refleja en una lucha más eficiente contra el lavado de activos, lo que implica detectar tempranamente estos delitos, revertir la vergonzosa falta de condenas, y recuperar de una vez por todas el dinero que el Estado pierde en manos de la delincuencia económica.

*Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)