No ocurrió en Boedo, pero sí en Rosario, luego del partido que disputaron Newell’s y Lanús, que terminó empatado 2-2 y dejó sin chances de título a ambos conjuntos. Una combi que trasladaba hinchas de Newell´s de regreso a Buenos Aires, fue atacada a balazos por dos hinchas de Central que se desplazaban en moto. El chofer, Leandro Boladian, de 34 años, y Walter Palacio, un muchacho de 39 años, fueron asesinados a sangre fría. Y hubo otros dos heridos de bala: una muchacha de 29 años, que sufrió una herida de bala en el tórax y una niña de tan solo 9 años, que recibió un balazo en una mano.

Los dos muertos se sumaron a la lista trágica de este 2013, que ahora suma once víctimas fatales; en total ya son 279 los muertos por la violencia del fútbol. Los números son alarmantes, pero más aún lo es el hecho de que ni la dirigencia ni los organismos de seguridad ni la policía logren controlar y poner fin a este problema. Jamás.

Los disturbios provocados por la barra brava de Boca, la Doce, en el obelisco la semana pasada es también una muestra del poder cada vez mayor que tienen los violentos y que, ya disconformes con el dominio sobre sus propios clubes pretenden también tomar la calle con la excusa de un festejo que, de tener lugar, debería ocurrir dentro de las instalaciones de las propias instituciones.

Mucho hemos dicho durante este año desde esta tribuna acerca del problema creciente de las barras bravas en el fútbol argentino y de la probada connivencia entre los violentos, policías, dirigentes y políticos. Hablamos también de las luchas internas entre los violentos de un mismo club para hacerse del control de los suculentos ingresos que han sabido conquistar a lo largo de los años, frente a la incapacidad de los dirigentes y de las autoridades para eliminar a los violentos de las canchas. Por eso, cada muerto que se agrega a la lista representa una nueva oportunidad para tomar conciencia, y actuar. Los dirigentes, que son parte del problema, miran siempre para otro lado y culpan a las autoridades o a la policía. Sin embargo es tiempo de que la dirigencia, las autoridades y la policía dejen de tirarse la pelota unos a otros y se hagan cargo del problema y de encontrar conjuntamente una solución de fondo, y no sólo paliativos como suele ocurrir.

La firma del acuerdo del programa Fútbol Para Todos que se concretará a mediados de enero es una inmejorable oportunidad para ello. Es que el Gobierno tiene la posibilidad, frente a las millonarias sumas que desembolsa para los clubes a través de este programa, de exigirles a  la AFA ciertas pautas de comportamiento y trabajo para sus integrantes.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, responsable de la firma del nuevo contrato, adelantó hace unos días que el Gobierno les exigirá a los clubes un plan financiero y una ejecución planificada de sus presupuestos. La decisión fue consensuada entre el flamante ministro y el presidente de la AFA, Julio Grondona; también estuvo presente el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi. La idea es que todos los clubes presenten un plan financiero, un presupuesto y el cumplimiento estricto del presupuesto contra transferencia, manifestó Capitanich, quien adelantó que se está trabajando en incluir cuestiones de seguridad deportiva como iluminación, butacas, reforma de los estadios, todo esto con el objetivo de potenciar el fútbol en materia de comercialización de los derechos de transmisión a nivel internacional.

Ahora, por qué no incluir en estos nuevos contratos la problemática de la violencia y las responsabilidades que les caben tanto a los clubes como a las dirigencias. La última semana trascendió que Vélez, club que siempre es presentado como modelo de gestión, le entregaba a la Pandilla, su barra brava, 300 tickets por partido de local y 700 para partidos en condición de visitantes. Si bien aquí se hizo público, lo cierto es que esto ocurre en la gran mayoría de los clubes del fútbol argentinos de todas las categorías. Eso es parte de dinero que recaudan los violentos para sus bolsillos, y que se completa con el control de los estacionamientos, negocio del que también participa porcentualmente la policía, y el de la venta de productos e indumentaria trucha dentro de los propios estadios.  

El Gobierno tiene en sus manos una llave maestra para comenzar a cambiar esta situación que, desgraciadamente, se ha naturalizado. A los clubes, necesitados como están de dinero, no les debería quedar opción que no sea el saneamiento institucional y el combate interno de estos grupos de violentos, sean o no socios de la institución. La violencia del fútbol de debe combatir aunando esfuerzos, pero alguien debe llevar la voz de mando y, en ese sentido, el Gobierno bien podría asumir el liderazgo, guardando para sí el poder de castigar económicamente a los clubes que no sólo no combatan con todos los medios al alcance a los violentos sino que además les promuevan negocios y favores, algo que la ley de seguridad en espectáculos deportivos prohíbe pero que nadie, la Justicia incluida, parece ser capaz de hacer cumplir.

*Sociólogo y periodista