Bajo el lema Control Fiscal y Gobernanza: nuevas claves en viejos roles, el Contralor General de la República de Chile y secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (órgano que nuclea a los organismos de control de toda la región), Ramiro Mendoza Zúñiga participó de una conferencia magistral, organizada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar en el Palacio Legislativo de la provincia de Buenos Aires.

Durante su presentación, el funcionario chileno planteó el debate en torno a los cambios políticos que sufrió la región en los últimos años y resaltó la importancia del control público para profundizar dichos procesos. En diálogo exclusivo con Gestionpublica.info, Zuñiga indicó que los gobiernos deben avanzar en un modelo de gestión pública abierta que dialogue con las necesidades de participación de la ciudadanía

El ciudadano busca un rol más activo en los temas de interés político-social e indaga instancias de participación en la toma de decisiones, destacó el titular de la Contraloría General de Chile. Según entiende, la promoción de la transparencia no es un fin en sí mismo, sino simplemente un medio en relación a otras formas de ejercicio de virtudes democráticas que suponen una nueva regla de gobernanza en los países.

¿Cuáles cree que son los desafíos actuales de la región en materia de control?

Es necesario orientar la agenda de control regional en distintos ejes. En primer lugar, debemos contribuir a elevar el estándar ético regional, ya que esta deficiencia impacta negativamente en la capacidad de desarrollo. En segundo término, los organismos de control superior deben hacerse cargo, en los ámbitos que les correspondan, de las preocupaciones expresadas por los ciudadanos. Sin dudas, se deben canalizar los requerimientos que efectúan como un insumo para la gestión institucional, para lo que se debe buscar la adopción de buenas prácticas que propicien un trabajo colaborativo continuo con la sociedad civil. Otro de los desafíos permanentes a los que se ven enfrentadas las Entidades de Fiscalización Superior está en relación con cumplir con las dos grandes funciones que tienen y que son el control y la auditoría, junto con la colaboración con las administraciones, estableciendo como punto central de la gestión el respeto y difusión de los preceptos establecidos en las convenciones internacionales en materia de lucha a la corrupción.

¿Cómo evalúa a la región en materia de transparencia y acceso a la información pública?

Si el Estado, los privados, y la sociedad civil de la región no logran entender cuán necesario es conformar una red y alianza estratégica, no serán capaces de alcanzar el desarrollo ético y la conciencia cabal del ciudadano en el real cumplimiento de sus deberes. La única forma de superar la crisis de confianza en las instituciones del Estado es que los sectores públicos y privados se hagan responsables del mejor desarrollo de las herramientas que promueven la transparencia.

¿Cuál es el rol de las Entidades de Fiscalización Superior para promover esto? 

El rol específico que deben jugar las Entidades de Fiscalización Superior es que el ciudadano tenga la certeza que los recursos que aporta llegan al destinatario que corresponde, que se respeta el Derecho y que se satisfacen los fines previstos. De este modo, se podrá contribuir a reparar la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones.

Durante su alocución en la Conferencia Magistral en el Palacio Legislativo de La Plata usted comentó que se está en un problema cuando la estructura de una sociedad se cimenta en la desconfianza. ¿A qué se refiere con esto?

En los últimos años hubo una explosión de conceptos que tienen relación con grandes expectativas de amplios grupos de personas ante una insatisfacción respecto de esas expectativas. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son ejes que redundan en un elemento final que es la confianza ciudadana en las instituciones. Si ella no se genera, se da paso a la desidia en la Administración. En ese sentido, es una tarea del Estado trabajar por rescatar esa confianza a través de un desempeño orientado siempre en la mejora continua de sus funciones, centrado su gestión en las personas.

También hizo hincapié en el reclamo de los estudiantes universitarios chilenos. ¿Cómo canaliza la sociedad y el gobierno dicha protesta?

Hoy en día, la sociedad exige por distintas vías soluciones a sus problemas, en conciencia de los derechos que le asisten. Salir a protestar a las calles es una acción que ciertos grupos de la sociedad adoptan cuando sienten que sus demandas no son canalizadas efectivamente por las instituciones; o cuando la desconfianza en las instituciones es tal que éstas son vistas como absolutamente incapaces de encauzar sus inquietudes, razón por lo que exigen mayor participación en la agenda pública. Al respecto, los gobiernos deben estar conscientes de que las cosas cambiaron. Detrás de cada uno de estos movimientos hay una nueva forma de relacionarnos civilmente y los gobernantes deben avanzar en un modelo de gestión pública abierta que dialogue con las necesidades de participación de la ciudadanía.

Otro aspecto que resaltó es el interés ciudadano. ¿Cómo definiría la actitud de la ciudadanía respecto a los asuntos de gobierno en la región?

En la actualidad, el ciudadano ya no funciona bajo la lógica de solicitar al Estado la materialización de sus derechos como un favor, sino que esta petición se consolida como un derecho que se exige frente a la Administración. El ciudadano busca un rol más activo en los temas de interés político-social e indaga instancias de participación en la toma de decisiones. No es un actor pasivo que recibe decisiones públicas, sino que busca protagonizar la discusión sobre los asuntos de gobierno.

¿Cómo influye una ley de acceso a la información pública para promover dicha participación?

En el caso de Chile, la Ley de Transparencia de la Función Pública permitió pasar de una concepción muy reservada de la Administración a una más pública, desde el punto de vista del acceso a la información, que por supuesto facilita la participación de la ciudadanía en tanto que pone a disposición recursos útiles para la toma de decisiones respecto al funcionamiento del Estado. Lo importante, de todos modos, no es ver la promoción de la transparencia como un fin, sino simplemente como un medio en relación a otras formas de ejercicio de virtudes democráticas que suponen una nueva regla de gobernanza en los países.