GestionPublica.info realizó una entrevista exclusiva con José Pedro Montero Traivel, Vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay con el objetivo de conocer cómo trabaja la institución análoga a la Oficina Anticorrupción Argentina.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) se creó en el año 1998 con el nombre de Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado pero comenzó a funcionar en el 2000. Nosotros no tenemos una función de contralor sino que nuestro trabajo es de prevención y por eso envidiamos a la Oficina Anticorrupción de Argentina por el accionar que tiene, aseguró Traivel.

Uno de los cometidos que tenemos es la recepción de las Declaraciones Juradas que son cerradas y secretas solo se publican la del Presidente y Vicepresidente de la República a pesar de que hemos luchado para tener mayor apertura, explicó el Vicepresidente de la Junta y agregó que si un funcionario pasa su vida sin que se le conozca un delito, a los 5 años de cesado su cargo se le devuelve su DDJJ y nadie sabe si hizo algo indebido.

Por otro lado, Traivel indicó que a raíz de la creación de las DDJJ digitales dos legisladores están elaborando un proyecto con la posibilidad de que se comparen los crecimientos patrimoniales de los funcionarios; sin embargo es tal el secretismo que dudo que se haga. Como plan secundario, la junta planea pedir que en la parte de afuera de los sobres en los que se entregan las declaraciones se detalle el monto total del patrimonio del funcionario.

Desde el año 2008, Uruguay cuenta con una Ley de acceso a la información pública, algo que recién comienza a asomar en Argentina. En general la norma funciona bien y los organismos publican los datos de sus funcionarios. En un par de ocasiones hubo que recurrir a la justicia y la misma impuso que se entreguen los datos, detalló Traivel e indicó que, por ejemplo, un periodista hace unos años fue a la justicia pidiendo que se entreguen los datos sobre deserción escolar y la Secretaria de Educación Secundaria tuvo que brindar esa información a pedido de la justicia.

La JUTEP también realiza cursos de ética pública para funcionarios. Tuvimos el apoyo del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y recorrimos todo el país dando cursos sobre ética pública, explicó el Vicepresidente de la institución. En esos seminarios se les enseñaban a los funcionarios, por ejemplo si correspondía que estén familiares en las mismas oficinas, algo que pasaba mucho en el interior del país, aseguró Montero Traivel.

Según explicó el entrevistado, el Tribunal de Cuentas es quien controla la legalidad de los gastos del Estado en Uruguay. En determinados casos cuando el organismo de control observa ilegalidad en los gastos se envía un informe al Parlamento y ahí todo muere porque el Parlamento no tiene medios como para controlar una licitación, explicó Traivel. Luego, el Tribunal declara el tema como de Urgente Consideración y las Leyes indican que a partir de ahí el presidente de la asamblea general podrá pasarlo a la Junta de Ética Pública. Por todos estos pasos que se tienen que dar nunca nos llegó un asunto de Urgente Consideración, reconoció el funcionario.

Como conclusión, Montero Traivel aseguró que los órganos de contralor externos no funcionan por la falta de medios, de recursos financieros y de personal y ejemplificó el panorama mencionando que manejábamos 12 mil DDJJ y por una ley del año 2013, que amplió las presentaciones de declaraciones, comenzamos a recibir 33 mil en Enero de 2014. Crearon leyes pero todavía no nos dieron los medios, destacó.