El 23 de noviembre de 2017 no fue un día más en Argentina. O tal vez sí. Todo transcurrió con normalidad, como cualquier jornada de trabajo. Pero no en el Congreso de la Nación. Aquella jornada, se sabía, duraría hasta altas horas de la madrugada, y así fue. Cerca de las cuatro de la mañana, finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Paridad de Género, que ya tenía media sanción hacía un año. 165 votos a favor, cuatro negativos y apenas dos abstenciones fue el resultado final de la votación. A partir de esa maratón legislativa, en 2019 la representación parlamentaria femenina pasará del 33 al 50%.

Aquella noche de miércoles, pero que terminó ya siendo jueves, la Ley de Género no estaba en la agenda parlamentaria del día, sino que se trató por propuesta de la Diputada Victoria Donda y contó con el apoyo de otras legisladoras de distintos sectores políticos. Se llegó a decir, en esas horas, que las mujeres de la Cámara forzaron el tratamiento de una ley sin debate. Sin embargo, durante todo un año se había debatido en la Cámara de Diputados el asunto del género en marco de la reforma electoral. Además, cuando el proyecto llegó con modificaciones desde el Senado, también se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Familia. Si bien esa noche la paridad de género no estaba dentro de la labor parlamentaria, se logró un apartamiento en el reglamento y luego se votó.

La normativa introduce el artículo 60 bis en el Código Nacional Electoral y fija la obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales. A su vez, el proyecto incorpora la igualdad de género a nivel partidario, aunque en este caso no será obligatorio intercalar postulantes, sino que las listas deberán completarse con un 50 por ciento de representantes de cada sexo.

Respecto a las suplencias de las bancas, en la Ley se prevé que en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a senador/a nacional de la lista que hubiere obtenido la mayoría de votos emitidos, lo/la sustituirá el/la senador/a suplente de igual sexo. En mismo sentido para un/a diputado/a nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido.

Dentro de la región, Argentina fue pionera en materia de cupo femenino dentro del parlamento. En 1991 se aprobó una Ley en el que se fijó un mínimo del 30% de participación legislativa para ellas. Hasta ese momento, la presencia de mujeres en el Congreso era apenas del 4,3%. Sin embargo, lo que fue un gran avance en el inicio de la década del 90, se transformó en un techo con el correr de los años y otros países de América Latina y en el resto del mundo, aggiornaron su legislación mucho más rápido que Argentina.

Actualmente, en nuestro país la presencia femenina en el parlamento alcanza el 38,9%. Es decir, que desde 1991, el aumento fue muy leve. En contra partida, hay varios países de la región que superan ampliamente el número de Argentina. Bolivia, por ejemplo, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, tiene un 53,1% de representación femenina en su parlamento, seguido de Cuba, que tiene el 48.1%. Delante de Argentina también están México y Nicaragua.

En ese sentido, el estudio del Observatorio destaca, a partir de los resultados de las elecciones realizadas en 2015 y 2016, que la región lidera mundialmente la cuestión de la presencia femenina en los órganos legislativos, con un promedio del 28,8%.

Pero, ¿qué sucede en el resto de la función pública? Según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), desde el retorno de la democracia hasta 2016, la aparición de mujeres en el Estado argentino creció un 18%. En 1983, solo el 4% de los cargos públicos estaban ocupados por mujeres. Durante el Gobierno de De la Rúa, ese número subió al 10% y en la actual gestión, las mujeres ocupan el 22% de los cargos.

Detalla el informe que las áreas más ocupadas por mujeres desde 1993 hasta hoy, con un pronunciado aumento, son las subsecretarías, que incluso hoy son ocupadas en un 25% por ellas. El cargo de Secretarías también subió con el correr de los años, pero desde 2001 se mantiene siempre entre el 10 y el 15%. En el caso de los ministerios hubo un fuerte aumento desde el gobierno de Carlos Saúl Menem hasta el de Cristina Fernández de Kirchner, cuando casi el 20% estaban al mando de mujeres y mientras que en la actual gestión, menos del 15% de los ministerios son manejados por ellas.

En el Poder Judicial, en cambio, la cosa es bastante despareja. Según un informe lanzado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en base a datos que proporcionó el Ministerio de Justicia de la Nación, sobre un total de 354 jueces federales en funciones, el 78% son hombres, mientras que apenas el 22% son mujeres. Las cámaras federales están compuestas por un 77% de hombres y un 23% de mujeres; los tribunales orales federales están compuestos por un 79% de hombres y un 21% de mujeres y finalmente, los juzgados de primera instancia están compuestos por un 77% de hombres y un 23% de mujeres.