Hace poco menos de un mes, el Municipio de Pilar fue noticia por la instalación de dos termoeléctricas fuertemente cuestionadas por los vecinos y familias del partido de Escobar. Según publicó el portal Elauditor.info, en total ya hay más de ocho mil firmas para que ambas centrales sean relocalizadas.

En diálogo con Gestionpublica.info, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, aseguró que no se está en contra de las termoeléctricas pero admitió que se asume un riesgo muy alto si se las radica en zonas urbanas.

¿Cómo surge el reclamo de los vecinos en torno a la instalación?

Se instalaron en barrios a metros de las casas de la gente. Hay escuelas y salas de primeros auxilios. Vivimos en Argentina y sabemos las cosas que pasan, por más recaudos que se puedan tomar, los vecinos nos manifestaron el temor que tienen.

¿Cuáles son los riegos que implica la cercanía de una Central Termoeléctrica?

Es difícil cuantificar o imaginar el daño, pero una vez producido es irremediable y podemos hablar de una fatalidad tremenda. Pilar cuenta con muchas zonas descampadas lejos de poblaciones urbanas donde se podrían haber instalado, pero evidentemente el Concejo Deliberante no tuvo en cuenta esta situación. Por eso los vecinos se acercaron a la Defensoría y vamos a usar todas las herramientas administrativas y judiciales para alertar sobre la situación.

¿Cómo intervendrá la Defensoría del Pueblo?

La primera medida fue mandar a un equipo de profesionales a relevar algunas casas y tomar imágenes para graficar y entender el momento que están viviendo. Fue un tema que se manejó muy rápidamente y nosotros intervenimos hace muy poco. La Defensoría está para atender estas situaciones y tender un canal de diálogo con los responsables políticos. Queremos que se lleve adelante una Audiencia Pública para que todas las voces sean escuchadas.

¿Es legal la instalación?

Los pasos formales se cumplieron, pero faltó la audiencia pública. Primero hubo una ordenanza, luego intervino el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Gobernadora dio el visto bueno con un Decreto. Pero más que lo formal acá hay que ver el fondo de la cuestión y analizar que se pone en riesgo a una población que no está dispuesta a aceptar este tipo de emprendimientos.

¿La intención de la Defensoría es que no comiencen a funcionar?

No estamos en contra de la evolución ni te las termoeléctricas, pero sí estamos en contra de que se radiquen en zonas urbanas porque entendemos que el riesgo que se asume es muy alto. Nos parece importante que se escuche a los vecinos y se radiquen, por sentido común, en zonas descampadas como sucedió en Benito Juárez, que se instalaron a 15 kilómetros de distancia del casco urbano.