Continúan las irregularidades en la ejecución del Plan Federal de Viviendas. Esta vez, la lupa se posó sobre el municipio de San Isidro, al norte del conurbano bonaerense, precisamente en el barrio Martín y Omar. Allí debían levantarse 250 casas, pero solo se construyeron 44, que equivale al 17,6 %. Sin embargo, los certificados de obra indican que el 99,44 % de los hogares fueron terminados. Para el Fiscal Jorge Di Lello, el perjuicio para el Estado nacional es de 31 millones de pesos y por eso llamó a indagatoria al Intendente Gustavo Posse que, a través de las redes sociales, acusó al Frente Renovador de estar detrás de la acusación con intereses políticos.

Desde el municipio aseguran que parte del dinero presupuestado para la construcción de las casas se utilizó para poner a punto el lugar; optimizar los suelos, los servicios y el trazado urbano. Por ese motivo, Posse se vio obligado a utilizar otra parte del presupuesto en la construcción de viviendas provisorias para las familias.

Pero el caso de San Isidro no es el primero. En 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN), advirtió que en Neuquén solo se construyeron 94 casas de las 1643 que estaban previstas por el Plan Federal de Viviendas, es decir el 6 %, mientras que en otras localidades del país, en el mismo período de tiempo, se cumplió con el 49,2 % del plan.

Es no es todo. El trabajo de los auditores además detalló que en las pocas casas terminadas no se cumple con la normativa de seguridad e higiene estipulada en las bases generales para la contratación de obras del Plan. Por otro lado, detectaron fisuras en las uniones de los techos y las paredes y las aperturas resultaron más pequeñas de lo previsto. Los huecos para las puertas de los baños según las planillas de carpintería debían ser de 70 centímetros, pero en las obras se verificó que alcanzaban los 59 centímetros sin marco, detalla el informe.

Otras advertencias

Fue la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) la que puso el foco en el Plan Federal de Viviendas. En un informe elaborado en mayo 2007 indicó que pese a que los contratistas ya habían cobrado el 15 % del costo de las obras antes del inicio de las mimas hubo retrasos prolongados en las construcciones.

Por ese motivo, la SIGEN catalogó como deficiente la utilización de los recursos públicos que fueron otorgados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, que es el organismo ejecutor del plan, bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal.