A mediados de agosto pasado, 40 organizaciones se reunieron ante el Ministerio de Salud de la Nación para reclamar que se anule la resolución 1003/2016 que dejó sin efecto la única norma existente para implementar la Ley 26.657 de salud mental, aprobada en 2010 y reglamentada en 2013. Esta medida implica el retorno al sistema manicomial que es contrario al paradigma planteado por la regulación nacional.

Esa resolución que se dejó sin efecto era toda la normativa para el régimen de habilitación de efectores, dispositivos y servicios de salud mental en función de la Ley de Salud Mental que establece la sustitución de los hospitales monovalentes, los llamados neuropsiquiátricos, y también se hacía extensivo al sistema privado de clínicas psiquiátricas. Se daba un plazo de 365 días para que todas las instituciones se adecuaran a los estándares, expresó Ángel Barraco, co-redactor de la Ley 448 que rige en Ciudad, en comunicación con Gestionpublica.info.

Dada la cercanía de la fecha de vencimiento a este plazo de adaptación, el ministro de Salud de la Nación, Jorge Daniel Lemus, decidió anular la normativa anterior. La resolución anulada iba en contra de la forma de intervención que tienen las clínicas privadas donde se hacen internaciones involuntarias y se trasgreden sin ningún tipo de control los derechos humanos de los pacientes, como tenerlos atados o encerrados en celdas de seguridad, explicó Barracas al detallar que la Ley prohíbe el uso de estos tratamientos inhumanos y otros de antaño que van en contra del pleno derecho de las personas y sus derechos humanos.

Existe un sector que se resiste a los cambios que la Ley Nacional y la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires impulsan y está constituido por los intereses de la psiquiatría que pretende mantenerse como la única respuesta a los padeceres y detrás de ella hay otros intereses como son los de la industria farmacéutica, denunció Ángel Barraco. Esta norma pretende una democratización de la atención en cuanto a adoptar una perspectiva interdisciplinaria. Es decir, la atención medica de la salud abordada desde diferentes áreas profesionales, abogando por la reinserción progresiva en sociedad, agregó.

Con la noticia de la derogación de la resolución del 2015, varias organizaciones se agruparon bajo el Movimiento de Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, en el que participan profesionales, múltiples organizaciones y movimientos de salud mental y gremios como ATE.

Dirección General de la Salud Mental

La DGSM es el ente encargado de la aplicación de la Ley 448 en la Ciudad de Buenos Aires. En 2015, la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe donde se auditó el periodo 2012-2014 de dicha institución. Allí se detallan varias falencias entre las que se encuentra la falta de un plan estratégico con objetivos y metas a cumplir a largo plazo. No cuenta con información de los proyectos desarrollados ni documentación de las reuniones, su presupuesto no cuantifica demandas a atender ni elabora metas físicas para la totalidad de sus programas, el Consejo General de Salud Mental no está efectivizado, no hay registros de personal, no hay datos sobre capacitaciones, y los recursos humanos son escasos, advertía el organismo de control.

Para Barraco, la falla más importante es que nunca se respetó la Ley que dicta llevar adelante toda una puesta en marcha de dispositivos sustitutivos, como son las guardias interdisciplinarias, casas de medio camino, residencias protegidas, dispositivos domiciliarios de atención, empresas sociales, la importancia que tiene la apertura de cama de intención en hospitales generales para dejar de lado, progresivamente, los efectos de los grandes neuropsiquiátricos. Según dijo, la DGSM no desarrolló ningún servicio ni dispositivo en este sentido. En cuanto a la financiación, otra de las observaciones realizadas por la AGCBA, Barraco remarcó que, respecto a cómo se sanciona el presupuesto, se puede observar que no hay cambios ya que el 85 % del presupuesto va a los 4 hospitales neuropsiquiátricos de la ciudad, el Borda, el Moyano, el Hospital Alvear y el Hospital Tobar García. Sin quedar ningún recurso para llevar adelante lo que se establece en el artículo 14 de la ley de la Ciudad.

En cuanto al estado edilicio, remarcó que al Borda y al Moyano, como otras instituciones, las están dejando caer para después apuntar a un sistema seguro de salud, que es, ni más ni menos, que la privatización de la salud pública en beneficio de las prepagas y todas las empresas de medicina.

El deterioro es muy grande y otro gran deterioro que hay que marcar es respecto a los trabajadores y profesionales, aseguró Barraco. Las vacantes que quedan no son suplidas por profesionales de la misma disciplina. Hay un gran achicamiento de los profesionales de la salud mental. Un 50 por ciento de los que trabajan están dentro de un sistema perverso ad honorem, aseguró. Este último punto también fue observado por la AGCBA en su informe.

Como sigue

El lunes 12 se realizará una audiencia pública para que participe la comunidad que es la que también tiene que aprender lo que es el tema de la salud mental y a la comunidad de trabajadores de la salud a las 18 horas en la Legislatura Porteña, en el Salón Perón. Además, para la segunda quincena de septiembre están organizando el tercer plenario en ATE del movimiento en defesan de la Ley nacional de salud mental.