El Consejo para la Transparencia chileno (CPLT) lanzó un concurso para artistas locales a fin de generar un cambio cultural en torno a la conciencia ciudadana. La idea es incorporar estrategias innovadoras de difusión de los derechos asociados a la claridad del Estado.

En Chile, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se sancionó hace cuatro años y en simultáneo se creó el CPLT, institución encargada de velar por su cumplimiento. Recientemente, surgió la iniciativa TransparentARTE, un certamen exclusivo para artistas locales cuyas obras deben representar los valores de la transparencia. Las postulaciones se abrieron el 16 de enero pasado y finalizarán el 28 de febrero. Los participantes deberán tener cuatro años de experiencia y por lo menos, contar con una publicación o haber realizado una exposición.

Para Patricia Provoste Preisler, Jefa de la Unidad de Comunicaciones del CPLT, en los últimos cuatro años una de las principales brechas identificadas ha sido la poca conciencia ciudadana en temas relacionados al acceso a la información pública. Sucede que en Chile sólo un 11% de los habitantes conoce la Ley de Transparencia y un 12% identifica las responsabilidades del Consejo.

En el discurso político actual se incorpora la transparencia de modo habitual y reiterado, sin ser posible identificar con claridad el valor que el concepto reviste de manera precisa, detalló Provoste. Dentro del ámbito del Consejo los funcionarios de Gobierno son considerados como clientes públicos dado que son nuestros enlaces para todo lo relacionado con la aplicación de la normativa. Son receptores de acciones de capacitación y difusión, agregó.

Chile goza de una institucionalidad adecuada respecto tanto de la legislación como del órgano encargado de su resguardo. Esto queda demostrado, por ejemplo, en el nivel de cumplimiento de las exigencias por parte de los organismos de la administración central, que es de un 97%, así como por la posición privilegiada en el ranking mundial elaborado por Transparencia Internacional, describió.

El control ciudadano ha sido dotado de herramientas eficientes para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. No obstante, dicho ejercicio se mantiene hasta ahora con un alcance limitado, haciendo temer por su elitización, reservándose sólo para expertos o profesionales vinculados a las políticas públicas, concluyó Patricia Provoste Preisler.

Sobre el Consejo

El Consejo para la Transparencia chileno es un órgano autónomo del Gobierno, y entre sus funciones está la de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los organismos sobre los que rige la norma de Transparencia y Acceso a la Información Pública (servicios públicos, gobiernos municipales, empresas del Estado, y todas las instituciones con dependencia pública). En su sede administrativa (ubicada en Santiago de Chile), se tratan los casos en que se niegue el acceso a la información y brinda capacitaciones a instituciones y ciudadanos.