Según dispone la Ley 24.127, la normativa tiene como objetivo la promoción, desarrollo y difusión de los procesos y sistemas destinados al mejoramiento continuo de la calidad en los productos y en los servicios, que se originan en el sector empresario y en la esfera de la administración pública, a fin de apoyar la modernización y competitividad de esas organizaciones.

Serán atributos de calidad, no excluyentes de otros: el desarrollo, capacitación y participación de todos los miembros de la organización, la satisfacción del consumidor, la utilización de tecnologías que aumenten la productividad, la integración conceptual y operativa con los proveedores, la preservación del ambiente y la conservación de recursos, indica el articulado.

¿Quiénes pueden ser premiados? Podrán aspirar a este premio las empresas privadas o estatales y organismos de la administración pública que estén domiciliadas en el territorio nacional y que hayan contribuido sustancialmente al bienestar socioeconómico de la República Argentina, a través de procesos o sistemas de calidad efectivamente aplicados que estén destinados a obtener mejoras en la calidad de sus productos o servicios, dispone la ley.

Todas aquellas instituciones que aspiran a este reconocimiento se inscriben de forma voluntaria y se someten a ser controladas de forma externa. En junio de 2017 el Tribunal de Cuentas de la Pampa comenzó este proceso que dura, al menos, 4 meses.

Este tipo de auditoría se lleva a cabo para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. Los hallazgos resultantes se utilizan para evaluar la eficacia en la implementación del sistema, con la consecuente identificación de oportunidades de mejora.

El auditor responsable de llevarla adelante fue el Ingeniero Marcelo Degasperi y el alcance del Sistema de Gestión de Calidad auditado comprendió los procesos de: Control Previo, Rendición Diaria, Rendición Mensual, Juicio de Cuentas, Juicio de Responsabilidad, Auditoría y Control Patrimonial, relativos al control constitucional de la legalidad de los fondos públicos.