Preocupa la falta de compromiso financiero
En el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, 50 organizaciones civiles pidieron un compromiso serio que garantice la operación del sistema que debe proteger los derechos humanos en la región.
El pasado 2 de junio, en el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, en Uruguay, más de 50 organizaciones y redes de la sociedad civil de las Américas hicieron un llamado puntual para que los países que integran la Organización de los Estados Americanos se comprometan seriamente a respetar el mandato y asegurar la operación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. GestionPublica.info charló con Sebastián Pilo, Co director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) quien aseguró que hay una valoración muy baja de compromisos financieros por parte de los Estados miembros de la OEA.
En el marco del encuentro de la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP) se firmó un acuerdo que transmite a la mayoría de los Estados de la región la preocupación por la falta de compromiso financiero para sostener el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, explicó Pilo.
Ante la insuficiencia de recursos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscó aportes directos de países miembros, observadores y la cooperación internacional. En los últimos tres años, el 34% de lo recolectado provino de los países observadores europeos. En 2015, los países de la región aportaron directamente cerca de 200 mil dólares a la Comisión en comparación con los más de 13 millones de dólares que destinaron a la Corte Penal Internacional, a pesar de que sólo existe un caso de examen preliminar para un país latinoamericano en contraste con las más de 6 mil peticiones de casos de la región en la CIDH.
Según observó Pilo, la Comisión Interamericana se encarga de proteger los derechos humanos, es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y está conformada por comisionados que fueron electos por cada país. El Co Director de ACIJ, indicó que los Estados están obligados a sostener económicamente a este organismo y lo hacen parcialmente a través de sus aportes a la OEA y también por aportes complementarios.
En el caso del Estado argentino, el último año aportó 2 millones y medio de pesos a la comisión y en todo su poder judicial gasta 16 mil millones de pesos, esto habla de una valoración muy baja en compromiso financiero, remarcó Pilo.
En un comunicado de prensa, desde ACIJ concluyeron que con 8 millones anuales de presupuesto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es el Sistema más pobre del mundo por debajo de los Sistemas Africano (13 millones de dólares) y Europeo (100 millones de euros).
La escasa contribución de los países miembros de la OEA a esa organización explica en parte la exigua asignación al fondo regular que esta Organización hace a la CIDH (6% de su presupuesto), insistieron desde la organización y agregaron que las estadísticas sobre donaciones voluntarias muestran que tampoco por esta vía los países han contribuido de manera significativa, en comparación a donaciones hechas a otros mecanismos globales de derechos humanos.
Según Pilo, si los Estados se comprometiesen, inclusive a través de leyes, ya no dependería de la buena voluntad de los funcionarios públicos. Desde ACIJ advirtieron que existen propuestas y alternativas para solucionar la insolvencia de la CIDH en el corto y largo plazos; organizaciones y voces de la sociedad civil proponen acertadamente que se analice cómo se definen las prioridades de gasto dentro de la OEA, para explicar por qué la CIDH solo recibe 6% del presupuesto de esa organización y se propone la implementación de una combinación de fondos obligatorios y voluntarios por parte de los estados para garantizar su financiamiento de manera suficiente y estable.
Desde la ONG concluyeron que hay otras propuestas para resolver esta situación como la creación de un fondo sostenible de financiamiento para todos los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el establecimiento de un mecanismo obligatorio de contribuciones directas de los estados, y otros canales que contribuyan a establecer un financiamiento sostenido de la CIDH. Las organizaciones signatarias ratificamos la necesidad y pertinencia de estas propuestas, destacaron en el comunicado.
