Durante su gestión, Mauricio Macri vetó, por ejemplo, la ley del Aborto no Punible, la ley de Fábricas Recuperadas y la creación del Programa de Inclusión Laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Esas decisiones pueden ser el motor del Diputado porteño por el Frente Progresista y Popular, Fernando Muñoz, que presentó un proyecto de ley sobre el veto de leyes sancionadas.

La primera Ley que vetó Macri fue la que impulsaba la creación de un Laboratorio público para producir medicamentos, recordó Fernando Muñoz, en diálogo con Gestionpublica.info. Luego los vetos tomaron otro perfil, contra el derecho al trabajo y los programas de viviendas, agregó el Legislador.

Esta gestión en sus ocho años ha producido más de un centenar de vetos de leyes, muchas de ellas con profunda necesidad para el sector social, de trabajo y de vivienda, continuó Muñoz.

El proyecto plantea que una vez pronunciado el veto por parte del Ejecutivo, se convoque a una audiencia pública para que el sector afectado por la decisión pueda opinar delante de los legisladores sobre las características de la ley que se había votado.

Queremos que haya una audiencia pública y que la Legislatura tenga 60 días para pronunciar si se rectifica o ratifica esa decisión. Que cada legislador públicamente asuma su postura de acompañar al Ejecutivo o tratar de promover la ley definitivamente, agregó Muñoz. 

Actualmente, de acuerdo a la Constitución de la Ciudad, cuando de aprueba una Ley en la Legislatura, el Poder Ejecutivo luego determina si la ratifica o si está en desacuerdo. Cuando se veta una Ley, el proyecto vuelve al recinto y solamente puede rectificarse con una mayoría especial.

En ese sentido, el Diputado por el Frente Progresista y Popular sostuvo que algunas leyes vetadas fueron acompañadas por un sector del macrismo. El manejo de la Legislatura algunas veces mostró como el macrismo cedió posiciones y luego el ejecutivo rectificó. Así conducen los dos poderes.

Por último, Muñoz afirmó que el espíritu de su proyecto es transparentar el procedimiento a partir de que el Ejecutivo aplica veto. Queremos que la ciudadanía sepa como sigue el mecanismo, que sea de público conocimiento más allá de lo que se publique oficialmente en su momento, finalizó.