El miércoles 22 de noviembre, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación, se prorrogó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por dos años. Fue creado hace más de 10 años en el marco de la declaración de emergencia en materia de armas de fuego y se prorrogó en numerosas oportunidades. Durante este tiempo, el plan se constituyó como una exitosa política pública que logró la entrega de más de 175.000 armas de fuego.

En la sesión especial desarrollada en la Cámara Baja se sancionó la Ley que regirá hasta el 31 de diciembre de 2019 con 166 votos a favor y amplio apoyo de todos los bloques. Desde la Red Argentina para el Desarme (RAD) propusieron que se incluya en el proyecto un artículo relacionado a la participación de la sociedad civil y de las organizaciones en la implementación del programa.

A fines de 2006, el Congreso aprobó la Ley 26.216 de emergencia nacional en materia de armas de fuego donde en su artículo Nº 20 crea un Consejo Consultivo de las Políticas de Control de Armes de Fuego con el fin de colaborar con las autoridades competentes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de control y prevención del uso de armas de fuego y municiones.
Según la norma, el Consejo estará compuesto por representantes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos o expertos con reconocida trayectoria y experiencia.

Las diferencias son grandes. Con participación de la sociedad civil, el programa de desarme recolectó en su primer año, 2007, alrededor de 186 armas por día, pero en 2008 la cifra descendió a 99 armas diarias. En ese tiempo el programa fue muy exitoso, premiado por la Organización de las Naciones Unidas en 2013. Después, se sacó lugar de participación de la sociedad civil en la concientización y todo el trabajo requerido para la entrega de armas, entonces la tasa de entrega disminuyó notablemente a un promedio de 30 a 40 armas por día, enfatizó Julián Alfie integrante de la RAD.

Por estas razones, desde la Red para el Desarme exigieron que se reintegre a la sociedad civil a la implementación del programa con el objetivo de volver a tener esos niveles de efectividad. Pero el requerimiento no fue aceptado y la prorroga se votó sin ningún tipo de modificación. Desde Diputados respondieron que no hubo tiempo para modificar el proyecto. Teniendo en cuenta que el plan estuvo varado por un error del Congreso, durante un año y medio, la cuestión de los tiempos es discutible, detalló el integrante de la RAD.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) tardó varios meses en implementar el programa y darle efectividad. Recién en junio de este año se puso en práctica. Por todo esto decimos que la excusa de los tiempos no tiene sentido, agregó Alfie.

Según datos oficiales de la ANMaC, hoy hay más de 1 millón 500 mil armas registradas, de las cuales el 84 por ciento pertenece a civiles. La falta de control, la falta de recursos y de una política criminal al interior de la agencia impide tener datos certeros sobre la cantidad de armas no registradas. Este es el motivo por el cual estamos reclamando no solo al programa sino en relación a la implementación de la Ley de ANMaC para dotar a la agencia de los recursos necesarios que permita saber cuántas armas hay y así avanzar en datos más reales, detalló el especialista.

En Argentina mueren por día 8 personas a causa de armas de fuego. No es un problema menor tener un arma. Si se realiza un control serio es una enorme cantidad de muertos que no se están evitando, enfatizó el integrante de la RAD. Asimismo, remarcó que la calidad de los controles para entrega de registros no son suficientes: la ANMaC privatizó los controles psicofísicos, lo cual aumentó el precio necesario para generar estas autorizaciones. Este es un problema porque confunden mayor costo con mayor control. Esto va a provocar que la gente tienda a la ilegalidad.

Desde la Red Argentina para el Desarme seguirán insistiendo para que la sociedad civil vuelva a tener el lugar que el programa necesita para su mayor efectividad. Vamos a apelar a voluntad de las autoridades de la ANMaC para que permita a la sociedad civil participar y contribuir con la necesidad de disminuir el circulante de armas de fuego, finalizó Alfie.

En 2010, la Auditoria General de la Nación advirtió sobre la falta de transparencia en los mecanismos y procedimientos del Registro Nacional de Armas (RENAR), que en 2015 pasó a llamarse Agencia Nacional de Materiales Controlados. Según esta institución, en Argentina hay 979.508 usuarios registrados, cuatro fábricas de armas y 74.983 armas fueron fabricadas entre enero y agosto de 2016. Por otro lado, 13.940 armas fueron importadas en el mismo período y 45.836 exportadas. La propia Agencia calcula que en el mercado negro hay otro millón y medio de armas.