Reclaman audiencia pública por el aumento del transporte
En el mes de febrero se anunciarán nuevos aumentos, entre los que está el del boleto de transporte público. A raíz de esto, la Defensoría del Pueblo porteño, Consumidores Libres y UTA reclamaron que se convoque a una audiencia pública.
La audiencia pública es el procedimiento público de participación, en el que se otorga a los interesados la garantía de saber de qué se trata y de manifestarse en forma previa al dictado de una decisión que puede afectar sus derechos.
Este tipo de reunión constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión. Si bien constituye un valioso instrumento para la defensa de los derechos del usuario, las audiencias públicas no son vinculantes.
Antes de producirse el aumento, el Poder Ejecutivo de turno está obligado a convocar a una audiencia pública para convalidar la propuesta de aumento, el plan de inversiones, el nivel de rentabilidad, etc. No se puede sacar el aumento soslayando la convocatoria a audiencia pública, expresó Héctor Polino, fundador y representante legal de Consumidores Libres en dialogo con este medio.
Según trascendió, el porcentaje del aumento sería del 25 por ciento. El boleto mínimo de colectivo costaría entonces 8 pesos. Por ahora es solo un anuncio, sí se llegara a concretar el aumento sin la convocatoria a audiencia pública vamos a iniciar una acción judicial, informó Polino. En 2016, a raíz de los tarifazos y la falta de audiencias públicas, la Cámara Federal de La Plata declaró nulo el aumento de gas dispuesto por el Ministerio de Energía, ordenó retrotraer la situación tarifaria y resolvió llamar a audiencias públicas: "las citadas resoluciones devienen nulas por no haber sido precedido su dictado de las audiencias públicas cuyo cumplimiento resulta exigible, lo que así corresponde declarar", reza el fallo.
Este gobierno que hace gala de la defensa del estado de derecho y de la división de los poderes de la República, sería bueno que comience por respetar la Constitución Nacional y las normas jurídicas vigentes, que obliga a los poderes ejecutivos de turno, cada vez que pretenden aumentar un servicio público, a convocar previamente a una audiencia pública, finalizó Polino.
Este nuevo aumento para 2018 vendría acompañado de un sistema multimodal de tarifas. Esto es una buena noticia para los trabajadores que toman varios transportes para llegar a trabajar. Con un boleto multimodal se ahorrarían dinero. La fecha para el aumento es del 1 de febrero, pero aun no es seguro, remarcó Polino.
En 2017, la Defensoría del Pueblo porteña presentó una propuesta al Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich. La misma giraba en torno a una integración tarifaria que incluía descuentos escalonados a medida que se iba combinando de un modo a otro. Una persona que se toma un colectivo y luego tiene que combinar con el subte o viceversa, va sufriendo en el marco de una ventana de 2 horas, un descuento escalonado. El lema era ‘Mientras más viajas, menos pagas’ , informó Federico Conditi, director del área de Transporte de la Defensoría. En aquel momento la respuesta fue lo vamos a analizar, según declaró Conditi.
En cuanto a los aumentos de los boletos, desde la Defensoría expresaron que esperan un comunicado oficial que certifique el aumento: creemos que es necesario que este debate se haga en audiencia pública, inclusive hay que hacer las audiencias de colectivos, ferrocarriles y subtes juntas, porque es fundamental unificar criterios para que un modo de transporte no quede desbalanceado del otro con respecto a la tarifa, agregó Conditi.
Aumento en autopistas
Desde el sábado 30 ya rigen las nuevas tarifas de los peajes de las autopistas porteñas autorizadas por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad. Las subas van del 10% al 14%, bastante menos que el tarifazo aplicado por Autopistas Urbanas SA (dependiente del Gobierno de la Ciudad) en febrero de este año, que fue de más del 50%. Ese aumento fue suspendido en agosto pasado por la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a raíz de un pedido de los legisladores opositores Andrea Conde y José Cruz Campagnoli. Liberatori planteó que el aumento debería estar en torno al 25 por ciento.