Más de 50 Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron un documento ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación con la intención de transmitir su preocupación por la falta de designación en el cargo y para que se inicie un proceso participativo, abierto y transparente para su nombramiento.

Hace algunas semanas la Corte Suprema de Justicia, en uno de sus fallos referidos al impedimento de los aumentos en los servicios públicos, manifestó que el hecho que el cargo se encuentre vacante es una circunstancia que repercute negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios.

Paola García Rey, Directora del Área de Derechos Humanos de Amnistía Argentina, una de las organizaciones firmantes, habló con Gestionpublica.info y remarcó que esta situación no es algo circunstancial de momento, la Bicameral tiene que nombrar un defensor porque su rol es importante porque toca todos los temas de la agenda social del pueblo. La gestión anterior también falló en la responsabilidad del nombramiento, aclaró.

Respecto al documento suscrito por 55 organizaciones, la referente de Amnistía Argentina remarcó que su organización se sumó al liderazgo que otros han iniciado desde hace tiempo respecto de la integración de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Algunas organizaciones iniciaron acciones legales. Nosotros avanzamos de manera más estructural para que se hagan efectivos todos los nombramientos pendientes que tiene el Gobierno en materia de Derechos Humanos, describió García Rey.

En ese sentido, además de la Defensoría del Pueblo, sin titular desde 2009, Amnistía Argentina reclama que se nombre a un Procurador Penitenciario y que además su cargo se renueve cada cuatro años.

En este contexto nos pareció oportuno sumarnos a esta campaña y darle una impronta más amplia, incluso con perspectiva de género porque por ejemplo no hay en Nación cargos públicos con mujeres, continuó García Rey y agregó: La reforma política abre una ventana para volver a discutir el tema de cupo en cargos públicos y el rol del puesto del Defensor también da cuenta que nunca hubo una mujer en ese cargo.

Por último, enfatizó que la situación afectó directamente la actividad del organismo. Hay estudios que demuestran la falta de pronunciamientos. Entre 2005 y 2009 hubo 52 juicios y hoy no hay ninguno, enumeró y concluyó: La estabilidad del cargo es algo que también preocupa y el temor de iniciar acciones concretas por la posibilidad de perder el puesto.