Se trata de algo que los empresarios le vienen exigiendo al gobierno de Mauricio Macri y años atrás hicieron lo mismo con el gobierno de la Alianza cuando Patricia Bullrich ocupaba el cargo de ministra de Trabajo. En los ‘90 la intentaron sacar adelante desde el menemismo y también durante la dictadura cívico-militar de mediados de los ‘70.

David Viñas, ese gran ensayista y polemista argentino, solía decir que si uno quería conocer el pensamiento de la clase dominante en la Argentina debía leer todos los días el diario La Nación, ya que de todos los periódicos nacionales era el único que no traicionaba su ideas, de derecha claro. La semana pasada, en el diario de los Mitre se festejaba a través de una nota editorial la iniciativa del gobierno brasileño conducido ahora por el polémico Michel Temer. No hay que engañarse. Es esa misma señal que acaba de dar el Poder Legislativo brasileño la que no pocos potenciales inversores, tanto extranjeros como locales, esperan hoy de las autoridades argentinas, dice La Nación en uno de los pasajes de la nota.

Luego agrega un dato que, a esta altura, pareciera ser una humorada pero no lo es. Que la reforma laboral es algo que el Presidente tiene claro que debe destrabar para que la lluvia de inversores deje de rondar como un espectro las puertas de la Argentina y se anime a ingresar. De hecho, Macri viene machacando sobre el tema y eligió como frente de ataque para instalar la cuestión a la Justicia Laboral, a la que tildó de mafia que alimenta una vil industria del juicio, que eleva sobremanera los costos laborales.

Habla también la nota de La Nación de ciertos privilegios sindicales que no hacen más que encarecer las contrataciones de trabajadores, elementos que Macri tiene en claro pero que por algunas razones no ha querido o no ha podido instrumentar las soluciones requeridas. Otro de los argumentos que no se pueden soslayar es el que la llamada revolucionaria reforma laboral brasileña se presenta como el producto de una firme voluntad de sacar al país vecino de la crisis económica que lo atraviesa y, por ende, se trata de una clara señal al mundo.

Es curioso, sin embargo, que esa clara señal, que no es otra cosa que la consumación de un régimen laboral más restrictivo para los trabajadores, sea precisamente la contraria a la que el mundo del Trabajo le atribuye de forma ejemplar a la Argentina, uno de los países pioneros en la construcción de leyes defensoras de los derechos de los trabajadores, leyes que han actuado como fuertes palancas de protección frente a las presiones siempre crecientes del Capital.

La norma que ampara es sistema vigente en la Argentina, que si bien se ha ido debilitando frente a los ataques furibundos del liberalismo y neoliberalismo, es el Convenio Colectivo de Trabajo que el peronismo aprobó en 1974. Como los militares golpistas, el menemismo y el radicalismo delarruista, el gobierno de Cambiemos intenta poner nuevamente en la agenda nacional esta cuestión.

Abrir el debate es el primer paso, siempre que haya una verdadera disposición a escuchar a la otra parte afectada. El Gobierno presume que los cambios que pretende en el sistema laboral no afectarán a los trabajadores y hablan de la necesidad de una reforma consensuada entre las partes involucradas. No necesariamente implica una mayor vulnerabilidad del trabajador, explicó el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en declaraciones a radio La Red.

Por ahora es sólo un comienzo. Nadie en su sano juicio pretendería instalar el tema y comenzar las discusiones en estos meses de contiendas electorales que finalizarán en las legislativas de octubre.

Lo cierto es que se ha comenzado a abonar el terreno y que el primer golpe lo dio el Gobierno con su ataque a la Justicia Laboral, propensa a fallar en favor de los trabajadores, sin dudas el eslabón más débil. Hay quienes piensan por estas horas que todo lo que necesita la Argentina para repuntar económicamente es ahora una reforma como la aprobada en Brasil, cuyo foco está puesto en que los acuerdos individuales entre un trabajador y su empleador y los acuerdos por empresa prevalezcan sobre los convenios colectivos. La atomización, se sabe, es enemiga de la fuerza de la unión de los trabajadores.

Bueno es que quienes impulsan estos cambios para la Argentina piensen en la necesidad de abrir un debate sobre el tema. Esperemos que se trate de un debate honesto, profundo y que, en caso de que se pierdan las discusiones, no se apele a la billetera ni a la Banelco para comprar las voluntades de los legisladores necesarias para su aprobación. Esa película ya la vimos los trabajadores argentinos, y no condujo a ninguna parte.

*Sociólogo y periodista.