Con el objeto de controlar la evolución del cumplimiento de la Convención en los países parte se creó un Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) en donde expertos sobre la materia evalúan recíprocamente y en condiciones de igualdad a los Estados que ratificaron 

En el marco de esta Convención, en octubre de 2012, visitaron el país expertos de Suriname y Guatemala en apoyo de la Secretaría Técnica. Elaboraron el informe en base a entrevistas con diferentes actores sociales que van desde ONGs especializadas en el tema (entre ellas, ACIJ), a funcionarios de los diferentes poderes del Estado pasando por periodistas.

El informe hace un análisis del nivel de cumplimiento del Convenio por parte de Argentina, evaluando el funcionamiento de los organismos de control y fiscalización que existen para prevenir y evitar delitos económicos: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el Poder Judicial de la Nación (PJN), la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Oficina Anticorrupción (OA).

Si bien el Comité señala que se han adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer los organismos de control, también realiza numerosas y válidas recomendaciones para mejorar las estructuras de los órganos y la cooperación interinstitucional en la prevención, control y sanción.

Recomendaciones sobre la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

Respecto de la FIA, entre las recomendaciones más importantes sobre las que advierte el Comité de Expertos se encuentra la de precisar las funciones que tiene a su cargo; adecuar la organización teniendo en cuenta la especialidad de los fiscales para que haya mayor rigor en la investigación;[1] adjudicar los cargos vacantes para que exista verdadera independencia al momento de investigar delitos contra funcionarios públicos y los fiscales subrogantes no estén pendientes de un nombramiento que pueda condicionar su actuación; conformar la Comisión Bicameral del Congreso a la que esta fiscalía debe rendirle cuentas sobre su gestión y elaborar estadísticas sobre que causas se encuentran suspendidas, cuántas prescribieron, cuántas han fueron archivadas, cuántas se encuentran en trámite para identificar áreas de acción y medidas para enfrentar estos escenarios. Lo que propone el Comité de expertos para clarificar las facultades que tienen los fiscales de esta unidad es precisar sus competencias al momento de llevar a cabo una investigación, para que tenga delimitado su campo de acción y no se superpongan funciones o queden sin investigar delitos. La ausencia de una Comisión Bicameral en el ámbito del Congreso hace imposible un control de la actuación de los fiscales por un órgano en dónde los intereses de toda la sociedad están reflejados.