En los gobiernos de signo populista, el Estado contribuye a establecer leyes y mecanismos de protección hacia el sector de los trabajadores a través de sus políticas económicas con respecto de la redistribución de la riqueza, o con incentivos directos sobre determinadas industrias para que estas prefieran invertir en la producción, que va a generar más trabajo, y se alejen así de la tentación de la especulación financiera. En cambio, en los gobiernos de signo liberal o conservador, que en la Argentina viene más o menos a ser lo mismo, el Estado cumple un rol en apariencia formal pero cuando se le acerca la lupa y se analizan las medidas económicas y políticas se aprecia su desbalance en defensa del capital.

Eso es, más o menos, lo que por estas horas terminó de advertir la CGT luego de poco más de un año de gobierno del presidente Mauricio Macri. El mismo que como promesa de campaña se animó a prometer Pobreza Cero para los argentinos y que apenas unos días atrás, en la inauguración de ocho viviendas en el barrio Nueva Esperanza de la provincia de Santa Fe, castigado por las inundaciones, y acompañado de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, admitía que en realidad la Pobreza cero era sólo un slogan de campaña y que el país necesita por lo menos 20 años de crecimiento continuo para sacar a todos los argentinos de la pobreza. El sinceramiento en este punto es una muestra del estado de debilidad con que el Gobierno afrontará este año electoral. Otro, y más importante aún, es el distanciamiento que desde hace unos pocos días tiene con la CGT, que ya anunció una movilización para el 7 de marzo al ministerio de Industria y un paro general y movilización para la segunda quincena de marzo.

Así lo resolvió la Comisión Directiva de la central obrera, que frente a la ola de despidos y suspensiones estima que desde la asunción del presidente Macri se han perdido cerca de 400 mil puestos de trabajo, de los cuales 127 mil fueron informados por el Indec a través de cifras oficiales. Ya no hay tiempo para el diálogo, decía Héctor Daer a la salida de la reunión en la que los máximos dirigentes del Movimiento Obrero acordaron abandonar la mesa de diálogo -que componían los trabajadores, los empresarios y el Gobierno, debido a los acuerdos incumplidos en materia de despidos por parte del empresariado- e iniciar un plan de lucha que contempla en un principio las medidas anunciadas. Hubo mucho compromisos pero no asumieron ninguno. Empresarios y gobierno están jugando en conjunto y eso va en contra de los trabajadores, advirtió Daer.

Esta será la primera medida de fuerza clara y contundente contra el presidente Macri y su política neoliberal. Incluso a los jefes sindicales, que ya contaban con el apoyo explícito del camionero Pablo Moyano, se les sumaron rápidamente los secretarios generales de la UTA, Roberto Fernández, y de La Fraternidad, Omar Maturano, quienes resumieron así su posición: cada vez hay menos fuentes de trabajo, acá se prometió mucho y no se hizo nada.

Si bien a la cabeza de la movilización del 7 de marzo estarán los gremios industriales, el sector más afectado por la ola de despidos y suspensiones, para el paro general se espera el acompañamiento de los movimientos sociales y los trabajadores de la economía popular, también castigados por la caída de la demanda de empleo.

Otros sectores en puja con el Gobierno son los bancarios y los docentes. Los primeros reaccionaron frente al intento del Gobierno de voltearles un acuerdo vigente, que suponía un aumento del 20 por ciento para el primer trimestre del año, que supera en dos puntos la proyección optimista que el equipo económico de Macri estima en 18 puntos para este 2017. Justamente ese es el techo del que los docentes, que suelen ser los primeros en cerrar sus paritarias por la cercanía del comienzo de las clases, no quieren ni siquiera escuchar luego de un 2016 en el que los salarios aumentaron en promedio un 30 por ciento y perdieron su poder adquisitivo frente a una inflación proyectada en oficialmente un 25 por ciento pero que en los hechos terminó rompiendo en techo de los 42 puntos.

El diálogo está roto en tanto el gobierno no reaccione y tenga otro enfoque económico, insistió Carlos Schmidt, titular de la CGT y secretario general de Dragado y Balizamiento. No hubo acierto en la implementación de las medidas económicas. El enfoque económico está erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores, agregó. Entre las medidas económicas perjudiciales para los trabajadores, el también titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, señala los tarifazos en los servicios con los que el Gobierno arremetió el año pasado en porcentajes siderales y que ahora vienen por su segundo capítulo, y la apertura de las importaciones que acarrea consecuencias negativas sobre la economía nacional, atentando contra la producción y el trabajo nacional. La rama textil es un claro ejemplo del deterioro que atraviesa la industria. En el último informe técnico del sector, el Indec señaló una caída del 27,4 por ciento en el último diciembre en relación con igual mes del 2015, y una baja general del 4,3 por ciento, similar al que registró la actividad industrial estimado en un 4,6 por ciento. Los indicadores económicos desmienten el informe que el Gobierno intentó publicitar a través del diario Clarín que, dicho sea de paso, despidió días atrás a unos 300 trabajadores gráficos de su empresa Artes Gráficas Rioplatense (AGR), mientras el ministerio de Trabajo hace la vista gorda. El informe, que les trajo un poco de alegría a los funcionarios del Gobierno para el inicio de un año electoral, marcaba un repunte de la actividad económica y era señalado por el ministro de Hacienda entrante, Nicolás Dujovne, como el inicio de una recuperación que, a juzgar por los hechos y las respuestas de los trabajadores, al menos por el momento no sería tal.

*Sociólogo y periodista.