La última gran frustración fue el sistema AFA Plus, por el que se mal gastaron unos 40 millones de dólares, que habrán servido para enriquecer una larga cadena de interesados pero no para poner fin a este problema ya que, con excepción de unas pruebas problemáticas, ni siquiera se llegó a implementar. Los hinchas de los diferentes clubes que realizaron los trámites para dejar sus registros biométricos e incluso recibieron un carnet, pueden acreditar su inutilidad.

Es harto sabido que para darle una batalla seria al problema de la violencia hay que poner sobre la mesa lo más obvio, blanco sobre negro, eso de lo que nadie quiere hablar: la relación de los violentos con la dirigencia del fútbol y la complicidad de ambos con la policía corrupta que también participa del negocio.

Ese parece ser el objetivo del nuevo proyecto presentado la semana pasada con bombos y platillos por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y, como cada vez que se comienza un proyecto de estas características, hay que darle crédito. Se podrá decir que se trata de un proyecto ambicioso, pero la cuestión de fondo es hasta dónde estará dispuesta a llegar la ministra y sus colaboradores, porque en la medida que se profundicen sus investigaciones no podrán evitar encontrarse con la cara oscura del asunto y también quizás con algunos nombres de sus compañeros de equipo de Gobierno. Es que, se sabe, no son pocos los políticos que tienen lazos directos o indirectos con los barrabravas de los diferentes clubes a lo largo del todo el territorio nacional. Hablamos del amplio espectro político porque, en materia de negocios, los violentos no tienen preferencias.
Podrá el voluntarismo de Bullrich contra la compleja trama de la violencia barrabrava de las que tanto y tan profundamente hablaron en su momento periodistas especializados como Amílcar Romero, Gustavo Veiga y Gustavo Grabia, autores de Muerte en la cancha, Donde manda la patota y La Doce, respectivamente. Se trata de una gran incógnita pero, como dijimos al principio, debemos darle crédito.

El programa Tribuna Segura tiene varias etapas y este fin de semana se puso en marcha la primera: que los hinchas vayan a la cancha con DNI, para que en los retenes sobre los accesos a los estadios, la Gendarmería, la Policía y la Prefectura, peinen e impidan el paso a los hinchas con antecedentes de violencia en el fútbol o que hayan sido informado por los clubes en los flacos listados en los que figuran aquellos a quienes las instituciones les aplican el derecho de admisión.
En la práctica, los uniformados munidos por el momento sólo de un celular que se conecta a una base de datos a través de la tecnología 4G, hicieron este fin de semana una prueba piloto en tres partidos dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también hicieron la vista gorda con aquellos hinchas no caracterizados que se habían olvidado los documentos y con las barras bravas que, este fin de semana, acudieron a las canchas como siempre y ocuparon sus lugares de privilegio. Lo mismo ocurrió con los cuidacoches, que no son otra cosa que barras que cobran hasta 200 pesos a los hinchas bajo la amenaza velada de encontrarse con una rueda pincha o un rayón de punta a punta en caso de no querer pagar- y luego tributan a sus jefes y a la mismísima policía, con la comparten el negocio del estacionamiento en las inmediaciones de los estadios.


Como dijimos antes, se trató de una prueba y, siguiendo la línea de las buenas intenciones, hay mucho por mejorar siempre que el proyecto no se manque como suele ocurrir cuando se profundiza en el asunto. El otro paso a dar, cuando el sistema de control e identificación del programa Tribuna Segura funcione a mayor capacidad, es el legal. El Gobierno enviará un proyecto al Congreso en el que propone endurecer las penas para todas las personas que incurran en conductas violentas o inadecuadas, que no distingue entre hinchas, dirigentes, policía, cuidaoches, e incluso futbolistas que, como también se sabe -salvo honrosas excepciones-, suelen colaborar con los barrabravas aportándoles dinero para viajar y también indumentaria deportiva que estos luego comercializan entre sus propios laderos.

Es interesante el debate de una frase que dejó caer Bullrich el día de su presentación: El presidente (Mauricio Macri) nos dijo que en el fútbol hay que ir despacio y los pasos deben ser concretos. El objetivo es que no haya más barras bravas. El ex juez de la Nación y también ex vicepresidente de la asociación Salvemos al Fútbol, Mariano Bergés, fue el primero en cuestionar esta idea. Desde esta tribuna nos sumamos. Tan arraigada está la violencia en el fútbol, que lejos de eso creemos que sería mucho más claro y contundente una política de shock, que incluso en áreas mucho más sensibles para la mayoría de la población se han aplicado sin tanto miramiento. Para erradicar la violencia en el fútbol hay que actuar con celeridad y con determinación, para que el este nuevo proyecto no naufrague como los anteriores.
Hay dos cuestiones centrales que los funcionarios del área de Seguridad anuncian como variables para la erradicación de las barras bravas: la persecución penal y el desfinanciamiento. Se presenta como un buen inicio para lograr el objetivo que el Gobierno se fijó para este problema y que no es otro que en el futuro las fuerzas de seguridad pública se retiren de los estadios y que sean agentes de la seguridad privada, pagada por los organizadores de los eventos deportivos los que se encarguen de la seguridad dentro de los estadios y, de esta manera, poner fin a los costosos operativos de seguridad que suelen llenar los bolsillos de tantísimos jefes policiales.

En una entrevista al diario Clarín, el flamante titular de la Dirección de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, reconoció la complejidad del asunto y admitió que el programa Tribuna Segura busca recuperar el control de las tribunas, que en connivencia con las dirigencias, hoy ejercen los violentos. El fútbol argentino está enfermo, se ha enfermado, y hay que sanarlo. No hay margen para el error, ni para la dirigencia ni para la política, sostuvo el funcionario, quien también reconoció la existencia de dirigentes comprometidos con esta idea de cambiar el fútbol y también la de otros que podrían ser cómplices o rehenes de los grupos de violentos. Queremos marcar una política dura, incluso con penas de cárcel a los dirigentes cómplices como a los funcionarios. La particularidad del crimen organizado son sus vínculos con la dirigencia pero también con funcionarios políticos, judiciales y policiales. Cuando veamos un dirigente o un funcionario preso, entenderemos que funciona. La expresión es contundente, sin dudas, y aunque es difícil coincidir con Madero en sus apreciaciones respecto al caso particular del club Boca Juniors -para quién esto escribe la barra brava boquense experimentó durante las gestiones de Macri y Daniel Angelici un crecimiento exponencial, algo no advertido por el funcionario- es justamente en este contexto en el que los amantes del fútbol y enemigos de la violencia barrabrava debemos dar nuevamente crédito al proyecto en ciernes. Desde finales de la década del 50, el problema de la violencia en el fútbol no ha dejado de crecer y de mostrar sus diferentes caras. Con cada vez más cifras millonarias y más negocios para repartir, hace falta mucha valentía, pero sobre todo, determinación, para que todo el trabajo por venir no caiga en saco roto.

*Sociólogo y periodista.