A través de cuatro fallos dictados entre octubre de 2007 y diciembre de 2008, el Tribunal de Cuentas de Mendoza multó a 15 funcionarios de la provincia por las “gravísimas irregularidades” detectadas en la administración del Sistema Vale Más, por el que se entregaban tickets de alimentos a personas en riesgo de subsistencia.

Los fallos en cuestión corresponden a las rendiciones de los subsidios otorgados durante el período 2003-2006. El sistema Vale Más consistía en el reparto de tickets con un valor nominal de dinero en el que figuraban los datos de los beneficiaros y que servían para comprar alimentos, previamente pautados por el programa, en comercios adheridos. Los vales eran emitidos por la empresa Proms S.A., que los repartía por correo. Cuando alguien pagaba con un Vale Más, el papel ingresaba en un circuito que terminaba en Proms, la que en última instancia debía demostrar ante la administración del programa que efectivamente había cumplido con la entrega del ticket.

Los funcionarios cuestionados, en tanto, manejaban el Fondo de Inversión y Desarrollo (FIDES), que estaba bajo la órbita de la entonces Subsecretaría de Desarrollo Social (actual Subsecretaría de Integración Social).

En el fallo 14.989/07 sobre la rendición de cuentas del ejercicio 2003, el Tribunal mendocino detectó que los miembros del FIDES no controlaron si las chequeras de tickets devueltas coincidían “con los casilleros sin firmar del cuadernillo de beneficiarios”.

Además, “quedó un saldo pendiente de rendición de subsidios por $ 118.030”, lo que constituyó una “erogación sin justificar” por parte del Estado provincial. El organismo de control también calculó los intereses generados por ese monto sin rendir y arribó a un total de $ 171.153,20. Esa fue la multa “conjunta y solidaria” para los responsables del FIDES: los directores ejecutivos Gerardo De Marco y Luis Carretero; el auditor interno, Carlos Marziali; Emma Cunietti y Liliana Mirabile de la Subsecretaría de Desarrollo Social; y los directores de Cooperación Martín Luconi y María Gotusso.

De la rendición de cuentas de 2004 (fallo 14.854/07), surgió que se emitieron órdenes de pago para la empresa Proms “sin el debido respaldo”. Es que el Tribunal no pudo acceder a los cuadernillos donde -en teoría- debían figurar las firmas de los beneficiarios que recibieron los tickets. Por esta “omisión de hacer cumplir” el obligación que tenía la empresa de demostrar la entrega de chequeras, el organismo de control aplicó una multa de $ 600 para Mirabile, Carretero, Marziali, Luconi, y agregó en la nómina a la jefa del área contable, Marta Rosas; y al jefe del Programa Vale Más, Luis Llobel.

Asimismo, se detectó que faltó la rendición del subsidio del Vale Más correspondiente al segundo semestre de 2004, por $ 7.646.159,21.

Según el Tribunal (fallo 15.155/08), en 2005 el FIDES registró “deficiencias de control interno”, al no chequear los tickets presentados como soporte documental de las facturas de los comercios mayoristas. El propio organismo de control debió “verificar físicamente” una muestra de tickets, y detectó que hubo mayoristas que presentaron vales en los que faltaba la acreditación del comercio minorista, y que en el reverso de esos papeles –donde debían aparecer los datos del minorista-, figuran dos veces la identificación del mayorista. En el fallo se afirma que “los responsables de efectuar las liquidaciones no deberían haber pagado las facturas sin tener la seguridad de que los tickets hayan cumplido con el circuito” establecido por reglamento.

Y de nuevo hubo multas. Esta vez fueron de $ 2 mil para Gotusso, Mirabille, Caviglia y la administradora Paula Eisenchlas; de $ 3 mil para Carretero; y de $ 5 mil para Luconi y Llobel.

También se comprobó la falta de documentación (cuadernillo de entrega de vales con datos de los beneficiarios) que respalde una liquidación del subsidio por $ 2.230.762, y de una rendición por $ 2.765.418.

Por su parte, en la rendición de cuentas de 2006 (fallo 15.206/08), se descubrió que el circuito de entrega de los Vale Más “no fue cumplido en varias oportunidades”. Si bien la empresa Proms debía enviar las chequeras por correo contra la presentación de documentos por parte de los destinatarios, el jefe del programa, Alberto Monetti, firmó notas en las que autorizó a terceras personas (particulares, agentes sanitarios, personal del área de Acción Social de los Municipios), a retirar tickets de beneficiarios durante el período enero-octubre de ese año.

En su descargo, el funcionario mendocino manifestó que “existía un mecanismo generalizado y extendido en toda la provincia en donde referentes sociales y políticos distribuían tickets en forma directa”. El Tribunal, en tanto, aclaró que “el procedimiento irregular pudo (provocar) que los vales no llegaran a los beneficiarios como consecuencia de la inexistencia de un sistema de control”.

En 2006 también se supo que existían beneficiarios que contaban con más de una prestación o estaban incluidos en más de un municipio y, en algunos casos, no se conocía su domicilio real, y los documentos no figuraban en el padrón electoral. Con respecto a esto, el organismo de control observó que se “eliminaron archivos” del servidor del Gobierno, “ya que la documentación aportada sólo permitió identificar las cuentas usadas para el envío y recepción de los pedidos de vales, pero no de los archivos adjuntos”.

A partir de estas “gravísimas irregularidades”, el fallo determinó aplicar multas de $ 5 mil para Carretero y Monetti; de $ 3 mil para la administradora Fanny Salomón; $ 2 mil para Marziali, Caviglia y para el ministro de Desarrollo Social, Sergio Pinto; y de $ 500 al jefe de Gabinete Alejandro Sánchez.

Al margen, se reveló la falta de cuadernillos que respalden dos entregas de dinero, por $ 412.600 y $ 729 mil, y de rendición de reparto de tarjetas magnéticas por $ 2.942.630. Y hubo “duplicación de beneficiarios en cuadernillos de entrega de vales”, puntualizó el Tribunal mendocino.

El organismo de control provincial concluyó en que “si bien los responsables (del FIDES) aducen haber rescindido el contrato con Proms, no existieron sanciones pecuniarias a la empresa”, y se le abonó todas las facturas presentadas “inclusive aquellas con irregularidades y sin respaldo documental”, según surge de las imputaciones presupuestarias de los ejercicios 2006 y 2007.