La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) analizó la gestión del Centro de Salud Mental Nº 3 Dr. Arturo Ameghino, y descubrió que los jefes de las distintas áreas de atención “son propuestos por los propios profesionales de cada sector”, es decir por sus compañeros.

El origen de esta informalidad en la asignación de responsables se remonta a 2002, cuando la Dirección del Centro llamó a concurso para cubrir los cargos de jefatura, puestos que posteriormente fueron impugnados por la Asociación de Médicos Municipales. En 2008, mediante una resolución de la Ciudad, se declararon nulos los procesos de selección que se venían utilizando para la asignación de autoridades. Según los auditores, a partir de ese momento “todos los sectores de atención clínica del Ameghino han quedado sin jefaturas, siendo reemplazados por coordinaciones individuales o grupales en las que sólo se asumen algunas de las misiones y funciones que le corresponden al cargo”. Asimismo, indicaron, la elección de los responsables de cada servicio se realiza de manera anual y que son designaciones ad honorem.

Por otro lado, el informe señala que en el instituto no hay una eficiente actividad asistencial de los profesionales. Cuando el 2 de junio de 2010 los auditores se propusieron analizar el servicio prestacional del establecimiento, se encontraron con que el 53% de los profesionales se encontraban realizando actividades no asistenciales como ateneos clínicos, grupos de investigación, docencia interna, etc.

Además, según los datos relevados durante el mismo día, en el turno mañana existía una “baja producción” en la atención de pacientes en el Servicio de Adultos y Gerontes. En comparación con el promedio de pacientes a atender según lo establecido en el Plan de Salud Mental de la Ciudad, se detectó que el Ameghino presenta una diferencia de “54,69% para la atención psiquiátrica y un 69,41% para la atención psicológica”. Justamente esta es una de las divisiones que quedaron acéfalas luego de 2008.

Continuando en el plano asistencial, la Auditoría porteña detectó que en el Centro “no se cumplía con la normativa en cuanto a duración y prórroga de los tratamientos”. Es que, según el Plan de Salud Mental de la Ciudad, para “psicoterapia individual el plazo máximo es de 6 meses” y, sólo en casos necesarios, “este plazo es renovable por igual período con acuerdo clínico del Jefe de Servicio, siendo ésta la excepción y no la norma”. Tras el relevamiento de más de 90 historias clínicas, el organismo de control advirtió que en el 57.61% de los casos, los tratamientos que poseían una duración mayor a los seis meses no contaban con la autorización necesaria para la extensión del plazo.

Una cuestión administrativa

Según el informe de la Auditoría de la Ciudad, aprobado en 2010 sobre los datos recogidos durante 2009, el Centro de Salud Mental carece por completo de “personal administrativo de planta para llevar a cabo la recepción, orientación, otorgamiento y programación de turnos y posterior derivación de los pacientes”. Asimismo, “para la confección de datos estadísticos, hay sólo una empleada administrativa que procesa la producción mensual de alrededor de 500 profesionales”, y lo hace de forma manual. Los auditores además detectaron que el instituto carece de recursos informáticos en sus diferentes sectores. La Jefatura del Departamento Administrativo fue otra de las Divisiones que luego de lo ocurrido en 2008 tuvo que elegir a un compañero del sector como encargado del área.

Obras Sociales

Los auditores porteños descubrieron que el Centro “no facturaba las prestaciones médicas efectuadas” a pacientes que tienen cobertura de salud privada y obra social, pese a que deberían hacerlo, según lo marca el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Oficios Judiciales

La AGCBA detectó varias irregularidades alrededor de los Oficios que reciben de los jueces con los requerimientos específicos de los pacientes: la mitad de los documentos judiciales que ingresan en cada servicio no son registrados (la otra mitad se registra parcialmente), no se firma constancia de recepción ni remito del Oficio recibido, el 26% de los casos analizados no fueron respondidos y en ningún servicio se archiva copias de los documentos recibidos ni de las respuestas emitidas.