Un hábitat saludable es un lugar donde los peces pueden alimentarse, crecer y vivir sanamente. Para Canadá, es una cuestión relevante por dos motivos: por un lado porque viven de la comercialización de la pesca; y por otro, para quienes realizan la actividad de manera recreacional.

El Departamento de Pesca y Océanos y el de Medio Ambiente son los responsables de la Ley de Pesca, una de las legislaciones ambientales más importantes del gobierno. Esta incluye, a su  vez, la Política de Hábitat que establece la prevención de la contaminación y la protección de los peces. Ambos organismos se encargan de la revisión de los proyectos propuestos en el agua –o cerca- para asegurar que no se dañe el ecosistema y fue a los que la Auditoría General de Canadá (OAG por sus siglas en inglés) evaluó en 2009.

Antes de señalar las observaciones que realizó el organismo de control, cabe señalar que la industria pesquera contribuye miles de millones de dólares a la economía canadiense. De hecho, entre 2006 y 2007, el Departamento de Pesca y Océanos gastó U$D 70 millones en actividades relacionadas a la protección de los animales acuáticos.

Qué encontró la Auditoría

Ninguno de los Departamentos puede demostrar que “los hábitats para los peces estén siendo protegidos adecuadamente como establece la Ley de Pesca”. A esta situación se le suma que “cuentan con información limitada con respecto a los ecosistemas en Canadá”, como la cantidad de peces, calidad del agua, entre otras cuestiones.

Para poder gestionar los riesgos de los proyectos que se desenvuelven en el ambiente acuático, el gobierno estableció el Plan de Modernización Ambiental (EPMP) a cargo del Departamento de Pesca y Océanos. Bajo este plan, el área no requiere que las propuestas de proyectos que representen bajos riesgos sean sometidas a revisión, sino que se confía en que cumplirán voluntariamente con las condiciones y las medidas para la protección de los ecosistema. El Plan fue pensado para liberar recursos hacia aquellos proyectos que tienen un mayor riesgo para los hábitats. 

Si bien Pesca y Océanos tuvo un “progreso” en la implementación del EPMP, la Auditoría indicó que para aquellas iniciativas que sí se revisaron, el organismo “tiene poca documentación para demostrar si el hábitat está protegido por las medidas de mitigación requeridas”. 

A esta situación se le suma que el Departamento de Medio Ambiente “no identificó lo que tiene que hacer para cumplir con las disposiciones de la Ley de Pesca que prohíben el depósito de sustancias nocivas para la fauna en aguas aptas para pescar". Tampoco cuenta con un “enfoque sistemático para abordar los riesgos de incumplimiento de la Ley”.

Déjà vu

No es la primera vez que la OAG evalúa este tema. De hecho, en informes anteriores, se observó, por ejemplo, que “el Departamento de Pesca y Océanos no había aplicado la Política de Hábitat, ni sabía si estaba avanzando hacia el objetivo final de una ganancia neta en el ecosistema de los peces”. 

Ambas Oficinas, al responder al informe, indicaron que estaban “de acuerdo” con las observaciones realizadas por el organismo de control.