La Constitución Nacional incluye distintos apartados donde garantiza los derechos de las personas con discapacidad, abarcando tanto la no discriminación como la igualdad de posibilidades. De la misma manera, la Carta Magna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hace lo propio en su artículo 41, donde refiere a “la equiparación de oportunidades” y, además, apunta a políticas de integración “tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral”. 

Allí establece que el Gobierno porteño debe destinar un cupo del 5% de su planta permanente a personas con discapacidad. El plazo para su cumplimiento era de cinco años, según lo estableció en su artículo 4º la Ley Nº 1502, sancionada en 2004. La incorporación, según la norma, debía completarse de forma gradual, alcanzando al menos un 2 % en los primeros dos años. 

Posteriormente, la Ley Nº 3230, de 2009, extendió el plazo por otro año, fijando como fecha límite el año 2010. Desde entonces, no se dictaron nuevas prórrogas ni modificaciones que alteren la vigencia del mandato.

En ese sentido, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) hizo un relevamiento en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos local durante 2022 y 2023. En el informe, aprobado en marzo de 2024, la Auditoría comprobó los datos de incorporación en el conjunto del personal estatal, incluyendo escalafones generales, médicos, personal de enfermería, docentes, la Policía de la Ciudad y el Instituto de Vivienda. Y  detectó que “el Poder Ejecutivo de la CABA no alcanza el porcentaje de personas con necesidades especiales requeridos por la norma” durante los años auditados".

En 2022, sobre un total de 139.525 personas empleadas, 1.680 tenían alguna discapacidad, lo que representa el 1,2% del total de la planta. En 2023, la dotación total ascendió a 144.081 personas, pero el número de trabajadores con discapacidad descendió a 1.295, lo que implica una participación del 0,9%.

Según los datos recabados en el informe, el porcentaje de puestos de trabajo ocupados por personas con necesidades especiales no alcanzó el mínimo legal dispuesto ni incorporó a dichas personas en el tiempo demandado, “vencidos los plazos establecidos por el artículo 4° de la Ley N° 1502 (y su prórroga establecida por la Ley N° 3230)”.