La Auditoría de Francia evaluó durante este año la labor de la agencia gubernamental –llamada Pôle emploi- que se dedica a registrar a las personas desempleadas y ayudarlas tanto de manera económica, como también en la búsqueda de trabajo. 

A pesar de que Pôle emploi es el operador público más grande con “53.000 empleados, más de mil agencias y un presupuesto de 5 mil millones de euros”, el número de solicitantes de trabajo aumentó de 3.9 millones en 2009 a 6.2 millones en 2015, lo que representa un incremento de “más del 58%” en solo seis años.

Frente al “desempleo masivo”, este año la agencia decidió “redefinir su estrategia”, aunque, según el órgano de control, “continúa experimentando dificultades operativas”. 

El organismo en cuestión tiene dos grandes responsabilidades: el pago de subsidios y la ubicación de las personas sin empleo. 

Sobre el primer punto, la Auditoría aseguró que “el pago de las prestaciones por desempleo es satisfactoria”. Sin embargo, persisten los “archivos en papel” que “deben ser eliminados gradualmente”.

Con respecto a la ubicación de los solicitantes de trabajo, el equipo auditor descubrió que “son difíciles de medir” porque “no existe un indicador para evaluar el desempeño, sobre todo en comparación con la acción de otros actores del mercado laboral”. 

A esta situación se le suma que “los datos sobre el desempleo a largo plazo y la satisfacción de oportunidades laborales” muestran una “evolución adversa”.

Como si fuera poco, “la diferenciación de los servicios prestados” a los que buscan trabajo –tres categorías- es “insuficiente”.

Otra de las observaciones que realizó la Auditoría es que “los recursos humanos están dispersos”. Los asesores le dedican un “22% de tiempo a las actividades de administración y gestión”, mientras que el 30% del tiempo lo destinan en “apoyar a los solicitantes de empleo” –que, sin lugar a dudas, debería ser su prioridad-. 

Qué recomienda el organismo de control

La Auditoría “está de acuerdo” con lograr una mejor diferenciación de los servicios prestados para los que necesitan empleo. De hecho, en lugar de tres categorías, aconseja incorporar 13 “para optimizar la gestión y garantizar una supervisión más eficaz”.

Los auditores también proponen “reducir el papel en el mercado de trabajo”.