La Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación (ANSV), creada por la Ley Nº 26.363, es la autoridad nacional en materia de tránsito y seguridad vial. Entre sus funciones principales se encuentran la recolección de datos sobre siniestros viales, la realización de operativos de control en rutas y la emisión de informes del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. 

A través de su estructura informática, el organismo genera estadísticas oficiales que permiten analizar la evolución de la siniestralidad, una problemática que en Argentina provoca un promedio de diez muertes por día, según datos de entre 2020 y 2022.

Un nuevo informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobado en 2025, revisó el grado de avance en la implementación de las recomendaciones formuladas en 2020 a la ANSV. El trabajo de control tuvo como foco los sistemas de información relacionados con la elaboración de estadísticas viales y los procedimientos de fiscalización vehicular, dos pilares fundamentales para el desarrollo de políticas públicas orientadas a reducir la siniestralidad en las rutas y calles del país.

El informe constituye un seguimiento de la auditoría previa y abarca el período comprendido entre octubre de 2020 y julio de 2023. De las 12 observaciones realizadas en aquella oportunidad, seis no fueron regularizadas, tres se corrigieron parcialmente y otras tres fueron totalmente corregidas, lo que indica una baja tasa de cumplimiento.

Uno de los puntos que no se modificó respecto de la auditoría anterior es la situación del gobierno de Tecnologías de la Información (TI). Según informó la AGN, la ANSV no realizó un diagnóstico completo sobre sus necesidades tecnológicas y no formalizó un plan estratégico para su desarrollo. “La falta de aplicación de las buenas prácticas señaladas, a través de la Dirección de Informática, continúa poniendo en riesgo la confidencialidad, integridad y confiabilidad de la información estadística”, tanto en su recolección como en su procesamiento, detalló el informe.

Otro aspecto observado fue la falta de un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), a pesar de que la política de seguridad de la información del organismo ya contempla su elaboración. La AGN señaló que no existe un documento formalizado ni comunicado que defina cómo actuar ante fallos o interrupciones críticas de los sistemas informáticos, y agregó que su ausencia “implica un riesgo de alto impacto sobre la disponibilidad de los sistemas de información críticos de la ANSV ante una interrupción de los servicios de TI”.

También se mantiene el uso de procesos manuales y herramientas ofimáticas básicas (conjunto de aplicaciones informáticas que facilitan la tarea administrativa) para consolidar los datos que surgen de los operativos de control en rutas. El sistema informático "FISCALIZAR", diseñado para automatizar estos procedimientos, no estaba en funcionamiento al momento de la auditoría, por lo cual los datos siguen siendo registrados en papel, cargados en planillas de Excel y luego consolidados en una base local de Access. 

Falta un Plan de Recuperación Ante Desastres, a pesar de que la política de seguridad de la información del organismo ya contempla su elaboración

En relación con la estructura organizacional del área de informática, el informe destacó que “de los 30 agentes que conforman la ANSV, solamente siete son planta permanente. El resto del personal se encuentra contratado bajo diferentes modalidades”. Esta situación, según la AGN, “además de afectar la disponibilidad de la información, genera incertidumbre e inseguridad en el personal y debilita el control sobre la gestión integral de TI debido a que se externaliza un activo clave como el conocimiento sobre los proyectos, las aplicaciones y los servicios de infraestructura tecnológica”.

En materia de cumplimiento normativo, la AGN también verificó que al 28 de febrero de 2024, solo el 35% del personal había completado la capacitación obligatoria de la Ley Micaela. Asimismo, el informe señala que la ANSV no cumple con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad, dispuesto por la Ley 22.431.

En contraste, la Auditoría reconoció que hubo avances en el diseño del Centro de Procesamiento de Datos (CPD), la política de respaldos y el ambiente de desarrollo, que fueron los únicos puntos completamente regularizados desde la revisión anterior.