Según su definición, la planificación territorial es “una herramienta que organiza el uso del suelo y el territorio para promover un desarrollo sostenible”. Se gestiona de manera interdisciplinaria y debe “tomar en cuenta las necesidades de la población, la economía, el medio ambiente y los ecosistemas naturales”.

Para fomentar este enfoque a nivel nacional, en 2016 se implementó el Programa de Fortalecimiento Institucional de la Planificación Territorial. Su objetivo era “profundizar una política de Estado que alcance al conjunto de las jurisdicciones provinciales y locales, donde los procesos de toma de decisiones ligados a la inversión en infraestructura y gestión del territorio se fundamenten en la planificación y el ordenamiento territorial”.

La ejecución del programa estaba a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPyPSyE), en los aspectos fiduciarios, y de la Secretaría de Desarrollo Territorial para las funciones técnicas, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Para constatar la situación de los estados financieros del ejercicio N° 5 (que inició el 1º de enero de 2022 y finalizó el 31 de diciembre de 2022), parcialmente financiado con recursos provenientes del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), la Auditoría General de la Nación revisó la gestión de ese período y confeccionó un informe que fue aprobado en 2023. 

Los hallazgos expusieron irregularidades entre los plazos definidos en los contratos y el inicio de las tareas contratadas, así como también subejecución de los fondos destinados a distintos proyectos.

Plazos

La diferencia entre plazos fue un ítem que se repitió en más de uno de los ejes de la auditoría. En primer lugar, el informe detalla, por ejemplo, que el acto administrativo que aprobó la planta de personal para el ejercicio 2022 es de fecha posterior al inicio de las relaciones contractuales.

Además, los contratos de locación de servicios para ese mismo período “fueron aprobados y suscritos con posterioridad al inicio de cada periodo contractual”. Es decir, las fechas de inicio que figuran en los documentos son anteriores a la de la firma y aprobación de cada contrato.

En relación con esto, la respuesta de la DGPyPSyE fue que tomaría nota de la observación y que se reiteraría a las áreas técnicas “la necesidad de solicitar la contratación con la suficiente antelación”.

Se constato que la información de los legajos de las licitaciones fue generada y agregada en forma tardía o sin orden cronológico.

En la misma línea del manejo de los tiempos, la AGN expone falencias en los procesos de selección, control de legajos y de informes, además de irregularidades en el registro de datos. En general, la información “fue generada y agregada a los respectivos expedientes en forma tardía o sin guardar un orden cronológico”. La Dirección, al igual que en el señalamiento anterior, se comprometió a regularizar la presentación de la información.

Además de los espacios y trabajos contratados, el programa licitó la compra de equipamiento informático a las empresas Intermaco SRL y Coradir S.A. Pero del análisis de estas operaciones surgió que la información para los expedientes fue generada y agregada en forma tardía o sin guardar un orden cronológico.

Además, se verificó que el programa efectuó el pago a estos proveedores con demora. En el caso de Coradir SA, se verificó que el programa concretó el 80% de lo abonado con 11 días de atraso, mientras que respecto de Intermaco SRL, la demora fue de 4 días.

Con respecto a estos hallazgos, la DGPyPSyE expresó que el expediente estaba ordenado de manera cronológica en relación a la sucesión de los hechos, no a la producción de los documentos GDE. Según la explicación, eso puede producir que al generar un archivo no se cuente con la posesión del expediente y se deba cargar el mismo en un momento posterior. De todas maneras, agregó que reforzarían el seguimiento para compatibilizar la información y fortalecer el control interno.

Subejecución de fondos

En otro orden de factores, la AGN expuso inconsistencias y subejecución de los presupuestos asignados. En primer lugar, se detalla que el costo total del proyecto al 31 de diciembre de 2022 asciende a USD 15.000.000. Este monto se divide entre los siguientes rubros:

  • Fortalecimiento institucional: 3.400.000 (financiado por FONPLATA)  y 900.000,00 (aporte local)
  • Agenda de desarrollo territorial: 7.800.000 (FONPLATA) y 1.900.000 (aporte local)
  • Coordinación y administración del programa: 800.000 (FONPLATA) y 200.000 (aporte local).

Al término del ejercicio auditado, solo se había ejecutado el 43,75% del presupuesto vigente.

Al finalizar el el año 2022 se había ejecutado menos de la mitad del presupuesto asignado 

Además, los fondos de FONPLATA no utilizados generaron costos financieros desde el inicio del programa hasta el 31 de diciembre de 2022 por un total de USD 228.205,26.

Sobre estos puntos la DGPyPSyE informó que FONPLATA canceló en forma automática el saldo no desembolsado y que, por lo tanto, si se considera el monto vigente total ejecutable, el nivel de inversión acumulada a fines de 2022 asciende al 65,62%.

A esto último, la AGN recomendó realizar las acciones necesarias a efectos de incrementar el ritmo de ejecución de las inversiones del mismo y los desembolsos previstos.