Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) señala que la “ineficiencia” de los mandatarios, que se encargan de gestionar judicialmente la deuda de los porteños con el fisco, le ocasionó al erario público un perjuicio económico de $ 18.052.302.

La cifra surge de la suma entre los montos de las causas archivadas ($ 6.853.377,62), paralizadas ($ 11.176.868,84) y las que tienen sentencia desfavorable ($ 22.055,30). Los expedientes corresponden a la labor de 24 mandatarios, a quienes la Procuración General de la Ciudad –el área que controla a estos funcionarios-, removió de sus cargos. Sin embargo, y pese a la irregularidad, la AGCBA afirma que no se pusieron en marcha acciones para responsabilizar a los mandatarios por el daño a las arcas del Estado.

El organismo de control reproduce, en su informe aprobado en 2008 sobre datos de 2007, información recopilada por la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración, que detectó expedientes preparalizados, paralizados, o directamente archivados, correspondientes a juicios con sentencia favorable, o ejecución de sentencia, por montos superiores a los $ 15 mil. Asimismo, se observó que 30 de los 69 mandatarios en funciones (el 43,3%) tienen juicios archivados o paralizados que suman más de $ 1.000.000.

Por su parte, los técnicos de la AGCBA tomaron una muestra de 122 juicios sobre los 4740 que se iniciaron en 2007. De ese análisis surgen casos con una “inactividad procesal” que habilitan a una “caducidad de instancia” (5,74% de la muestra); expedientes sin movimientos por más de 60 días (9,02%); juicios con sentencias favorables pero sin movimientos (3,28%); y falta de celeridad en la notificación de las resoluciones (8,2%). Además, se descubrió que los mandatarios no piden medidas cautelares para asegurar que se hagan efectivas la sentencias (40,9%).

Otra irregularidad observada por la Auditoría es que en el 78,7% de la muestra examinada los mandatarios no cumplen con su tarea de cargar en el sistema informático de seguimiento de juicios (SISEJMan) todos los movimientos que registran las causas que gestionan.

Según la Dirección de Control de Mandatarios, que está bajo la órbita de la Procuración, al momento del trabajo de la AGCBA había 570.025 juicios activos y las causas iniciadas en 2007 sumaban un monto total nominal de $ 137.505.043,60.

Más allá de los mandatarios, el organismo de control también destacó las falencias de coordinación y comunicación entre las diferentes áreas del Gobierno porteño que intervienen en el proceso de transferencia de deuda: la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Administración de Infracciones y la propia Procuración, cuyo sistema de control “no brinda la seguridad razonable”, completó la Auditoría de la Ciudad.