Según la Auditoría General de Buenos Aires (AGCBA), las obras para mejorar la red pluvial de la Ciudad presentan “deficiencias” que provocan una “grave situación generalizada de casi todas las adjudicaciones”. El organismo puntualiza que las irregularidades en los proyectos, la determinación del dinero a invertir, los plazos de ejecución y en “la propia legalidad de las actuaciones, hacen presumir incrementos de precios injustificados”.

En la desembocadura del Arroyo Vega, por ejemplo, los pliegos fueron aprobados antes de contar con un proyecto de la obra que se iba a licitar. La AGCBA dice que, así, “se facilitó la adjudicación sin compulsa” y resultó beneficiada, “en forma directa”, la misma contratista que ya operaba en el barrio River, DICASA S.A. Para ese trabajo complementario, se estableció una reserva presupuestaria de $ 11.666.832, pero el organismo de control apunta que no surgen del expediente los estudios que llevaron a calcular esa suma. No obstante, los trabajos fueron adjudicados por $ 24.116.038,83 “a valores de 2003”, aclara la Auditoría y completa: “Es muy difícil explicarse que (el precio) haya tenido un aumento del 107% entre marzo y diciembre (de ese año), porque en el mismo período los costos de la construcción, materiales y mano de obra sólo aumentaron 8,4%, 4,1% y 15,5% respectivamente, y el índice de precios mayoristas tuvo, en promedio, aumentos todavía menores”.

El programa auditado es el 3031 de la Dirección General de Hidráulica que, según la AGCBA, registra una “alta subejecución” en su presupuesto. Asimismo, a pesar de que el gobierno programó obras privilegiando económicamente a la zona sur de la Ciudad, allí se observa una subejecución del 77%, “sustancialmente mayor” que la detectada en zona norte, del 21%.

En 2004, la Auditoría advirtió que existía “imprevisión, falta de proyecto y planificación” en los trabajos de saneamiento de la cuenca del Arroyo White. En el trabajo más reciente, aprobado este año, el organismo comprobó que “se profundizaron los vacíos legales y los vicios de ejecución”, con implicancias negativas en lo financiero y presupuestario. En ese proyecto se eximió a la contratista de proveer bombas electromagnéticas para la estación de bombeo y el Estado tuvo que hacerse cargo de comprar los equipos. Esto provocó que haya que convocar a otra licitación y “resultó una decisión equivocada del gobierno (porque) derivó en irregularidades administrativas y notorios atrasos en el desarrollo de las tareas”, señala el informe.

El programa de control de inundaciones cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero a partir de la “falta de previsión” en el caso del White, el Ejecutivo debió prescindir del préstamo y usar fondos propios “menospreciando la posibilidad de que la reasignación de recursos pudiera perjudicar a otros programas, y contribuyendo a generar desvíos en el Presupuesto”. Por otra parte, la AGCBA apunta que no se pautó un plan para prevenir inundaciones ni las obras necesarias de energía eléctrica en la estación de bombeo: “La falta de previsión representa una violación recurrente al artículo 4 de la Ley 13.064 (Nacional de Obras Públicas), por no licitar obras con proyectos completos” concluye la Auditoría, y agrega que, con la redeterminación del precio y la compra de las bombas, el gobierno tuvo que gastar un 197% más del dinero que tenía previsto.

Por otro lado, en las obras del canal aliviador del Arroyo San Pedrito no se tuvo en cuenta las observaciones que hizo el BID sobre cómo se evaluó a los oferentes, y las empresas fueron notificadas del resultado de precalificación “sin contar con la aprobación previa del banco”. Así, el organismo internacional sugirió “revisar el dictamen de adjudicación del Gobierno de la Ciudad” pero, en este caso, el Ejecutivo también renunció al financiamiento externo.

Los planes de infraestructura hidráulica tienen el objetivo de disminuir la vulnerabilidad de la población frente a fenómenos combinados de fuertes lluvias y subidas del Río de la Plata. La AGCBA completó su informe señalando que “la falta de un objetivo de gestión en nada favorece a la credibilidad del gobierno” frente a los vecinos.