Los juicios contra el Estado Nacional son uno de los componentes más importantes de la deuda pública. Si bien la disponibilidad de información sobre esta problemática es escasa, distintos informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) permiten comprender la dimensión del frente de litigiosidad que afronta la Administración Pública Nacional (APN).

Los informes de Cuenta de Inversión aprobados por la AGN para los años 2018, 2019 y 2020 ofrecen una perspectiva detallada sobre el volumen y los montos económicos involucrados en los juicios donde el Estado Nacional figura como demandado. 

Las fuentes consultadas por la AGN en los distintos informes aprobados son la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que depende del Poder Ejecutivo y es la encargada de dirigir al cuerpo de abogados del Estado que defiende los intereses del Estado Nacional, y la Contaduría General de la Nación (CGN), que expone la valuación de la litigiosidad contra el Estado Nacional. 

También se relevó el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), que consiste en una base de datos con información y registro “que refleja la naturaleza, el monto, la estimación del resultado probable y las características de los juicios en los que el Estado Nacional, sus organismos y entidades fueran parte.” En palabras de la PTN, “el sistema SIGEJ es de seguimiento de la gestión judicial con perfil netamente procesal y no contable”.

Para el informe del año 2018, solo respondieron a la solicitud de información relativa a los juicios los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de Transporte, de Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Policía Federal Argentina y el Ejército Argentino. 

Para 2018, la cantidad de causas donde el Estado Nacional figura demandado ascendió a 66.156 y representaban un monto de contingencias potencial de $387.691.684.899

Estas jurisdicciones sumaban 47.369 causas en contra del Estado Nacional, de las cuales el 40% están registradas sin un monto económico. Es decir, que en 18.649 40 causas informadas no se sabe la contingencia judicial y su potencial impacto en las cuentas fiscales. Por otro lado, el 92% de las causas sin contenido económico pertenecen al Servicio Penitenciario Federal.

A partir del procesamiento de los datos de SIGEJ, se observa que la cantidad de juicios con montos en pesos asciende a 50.253 (solo 15 corresponden a causas internacionales), representando un pasivo de $369.028.872.990. Un caso aparte son los juicios contra la AFIP, que aparece demandada en 15.898 procedimientos judiciales e implica una potencial carga fiscal de $18.662.811.908. 

En total, para 2018, el Estado Nacional figura demandado en 66.156 causas, con un monto de contingencias potencial de $387.691.684.899.

Una de las observaciones recurrentes a lo largo de las últimas tres cuentas de inversión refiere a la falta de estimación por parte de las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo, que no dan cuenta del potencial costo que pueden representar las sentencias para el Estado. Según la AGN, este problema está relacionado con la ausencia de normativa “emitida por autoridad competente que determine cómo realizar la estimación y el registro”. 

Que no haya un registro completo de las estimaciones económicas por parte de las distintas jurisdicciones dificulta la evaluación real de las cuentas nacionales, con énfasis en la dimensión verdadera de la deuda pública. Precisamente, en la cuenta de inversión correspondiente al año 2019, la AGN aclara que en algunos casos particulares “los arbitrajes se cancelan mediante la emisión de instrumentos de deuda pública”. Por ejemplo, se señala que en 2019 se emitieron “Bonos de la Nación Argentina en Dólares 8,75% Vto. 2024 (Bonar 2024) y Bonos de la República Argentina con Descuento en Dólares 8,28% 2033, según acuerdo de pago aprobado por Res. MH 241/2019 para la cancelación de 2 casos”. 

Esta observación sobre la falta de registro de los montos económicos de las causas en los sistemas de información vuelve a presentarse con énfasis en el informe de Cuenta de Inversión del año 2020. Allí se destaca, nuevamente, que ni la Procuraduría del Tesoro ni las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo “cumplen con el pedido de la Contaduría General de la Nación de obtener las causas judiciales que resulten adversas para el Estado nacional o que, eventualmente, pudieran serlo, valuadas al cierre de cada ejercicio. Para los casos en que no se obtenga una valuación, tampoco se realiza una estimación que incluye capital, intereses, costas y gastos”.

En 2020, los organismos consultados informaron un total de 258.111 causas contra el Estado Nacional, sumando un monto determinado de contingencia de $581.106.541.047 

Por ello, entre algunas de las observaciones realizadas por la AGN se evalúa que el mejor registro de los pasivos contingentes es una buena práctica necesaria de implementar para toda la Administración Pública Nacional y señala la importancia de “destacar la cantidad de demandas que se inician sin monto, el tiempo que esas demandas están sin sentencia porque implicarían mayores intereses, las instancias en las que se encuentra cada caso y, sobre todo, la actualización de los montos de las causas, que permitirían conocer el importe aproximado de la contingencia total”.

En la cuenta de inversión para el año 2020 se comprueba el incremento de juicios respecto a 2018. Los 129 organismos consultados informaron un total de 258.111 causas contra el Estado Nacional, sumando un monto determinado de contingencia ante fallo en contra de $581.106.541.047. De este total de causas, se desconoce el monto en el 77,6%. Y de las 50.388 causas que se encuentran en trámite, el promedio del monto económico de cada una ronda los $11.523.263. 

Además de estos datos, están las causas de ANSES y AFIP, que son los organismos con la mayor cantidad de juicios en contra dentro de la APN. Mientras AFIP contabiliza 20.434 causas, la ANSES tiene en trámite 284.118. Entre ambas, suman un total de 304.552. 

El 88% del total de causas que se iniciaron en 2020 están registradas con monto indeterminado

En 2020, las causas que se iniciaron con monto indeterminado y/o sin contenido económico representan el 88% del total, incluyendo a ANSES y AFIP. Por esta razón, la AGN observa que “es aconsejable desarrollar una metodología para realizar una valuación y que sean expuestas en estados contables y en notas a los mismos" para lograr un registro y exposición completa de los juicios que la República Argentina tiene en contra tanto en los tribunales nacionales como en los internacionales.

A partir de los informes de de la AGN, se constata que el Estado argentino acumula una cantidad considerable de litigios en su contra, que. abarcan una amplia gama de temas, desde reclamos laborales y contractuales hasta demandas por expropiaciones y responsabilidad extracontractual. Y a pesar de que no existe una estimación precisa y global sobre el peso fiscal de todas las causas contra el Estado, a partir de los montos determinados en estas disputas legales alcanzan cantidades significativas que pueden llegar a tener impacto en el presupuesto público.