El Decreto 1055/2024 del Poder Ejecutivo Nacional instruyó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (MDYTE) para que implemente un programa integral de revisión de los “obstáculos normativos que afectan el normal desarrollo de las actividades económicas” a partir de los reclamos realizados por parte de la ciudadanía.

En ese sentido, el programa “Reportá la burocracia” tiene como objetivo la identificación y simplificación del entramado normativo vigente en Argentina. A partir del formulario disponible en el portal digital del MDYTE, los ciudadanos pueden dar cuenta de aquellas regulaciones identificadas como “trabas burocráticas para el libre comercio y la competencia”.

Desde la perspectiva del Gobierno nacional, existen regulaciones desactualizadas que generan costos, dificultan los procesos administrativos y van en contra de criterios de simplificación y optimización de la gestión pública. 

En el portal digital de MDYTE se muestran algunos datos iniciales sobre la participación y contribución de la población. Este canal de comunicación abierto permite focalizar sobre los registros y archivos normativos nacionales, provinciales y municipales a partir de la visión de sus principales afectados: la ciudadanía. Como resultados iniciales y parciales, el Ministerio informó que se registraron 9.000 ingresos y reportes por parte de los ciudadanos, que ayudaron a identificar 10.690 normas informadas, de las cuales el 66% son regulaciones nacionales, aunque no aclara a qué ámbito pertenece el 34% restante. Esta es toda la información disponible sobre los resultados parciales del programa “Reporta Burocracia”.

El Auditor.info inició una solicitud de acceso a la información pública sobre esta política que articula la simplificación de la administración pública y la promoción de la participación ciudadana. En la respuesta, recibida en tiempo y forma, se rechazó el pedido: según las autoridades, la información solicitada “no reúne las condiciones de un documento público”, al encontrarse en la instancia de “deliberaciones preparatorias y el consecuente examen preliminar de determinados casos o asuntos”.

De esta manera, solo es posible conocer cuántas normas fueron reportadas, pero no cuáles. Tampoco se sabe de qué tipo de regulaciones se trata: leyes, decretos, decretos-ley, resoluciones, disposiciones, decisiones administrativas, circulares u ordenanzas.

El 66% son regulaciones nacionales, aunque no aclara a qué ámbito pertenece el 34% restante

Cabe destacar que el Acceso a la Información Pública es reconocido a nivel nacional e internacional como una herramienta fundamental para el ejercicio de otros derechos humanos, como el de la salud, la educación, la vivienda y la justicia. Es lo que permite a todo ciudadano buscar y recibir información, componentes esenciales de la libertad de expresión y de la convivencia democrática.

Reordenamiento y simplificación de la burocracia

En el marco de las “Buenas Prácticas en Materia de Simplificación” de la administración pública (Decreto 891/2017), iniciativas como “Reportá la burocracia” tienden, en palabras del Gobierno, a promover la transparencia mediante la simplificación del sistema normativo.

El criterio de simplificación entiende que las normas y regulaciones públicas tienen que cumplir con ciertas características: ser claras, precisas y de fácil comprensión. Este tipo de mejoras contribuyen a la reducción de los tiempos administrativos, optimizan el uso de los recursos y agilizan la dinámica administrativa en general para la ciudadanía.

El artículo 3 del Decreto 891/2017 detalla la obligación del sector público nacional de “confeccionar textos actualizados de sus normas regulatorias y de las guías de los trámites a su cargo. Deberá evaluarse su inventario normativo eliminando las que resulten una carga innecesaria. En el mismo sentido, el dictado de nuevas regulaciones deberá reducir el inventario existente”.

A la simplificación normativa se le suma la mejora continua de los procesos administrativos a través de la incorporación de nuevas tecnologías, la promoción de la participación ciudadana, el desarrollo y fortalecimiento del gobierno digital y la aplicación de criterios de comunicación eficiente.