El radicalismo podría pedir la quiebra de Aerolíneas Argentinas (AA), en proceso de venta al Estado por parte del grupo español Marsans, para que, posteriormente, la Nación asuma su control sin el correspondiente pasivo.

La empresa aérea, junto a su subsidiaria Austral, enfrenta pérdidas por unos U$S 940 millones.

"Nuestros abogados están trabajando para determinar si se incurrió en administración fraudulenta, con responsabilidad de los funcionarios en representación del Estado", sostuvo el titular del comité nacional de la UCR, Gerardo Morales.

Marsans y el gobierno "K" acordaron el traspaso del 94,41% de las acciones de AA --que pierde un millón de dólares por día y tiene la mitad de su flota averiada-- y el 97% de Austral.

Con ese entendimiento, se abrió un período de dos meses para practicar una auditoría interna que fijará el precio de las acciones que recibirá el Estado, quien ya posee el 5% del capital.

El proyecto de ley para autorizar la incorporación al patrimonio estatal también es cuestionado por la UCR. "Sólo se establece la participación del Tribunal de Tasaciones para determinar el valor del paquete accionario", indicó Morales.

"Lo único que puede valuar son los activos, pero hay que definir los pasivos y establecer el patrimonio neto de la empresa: no sólo debería trabajar el Tribunal de Tasaciones sino también la Sigen (Sindicatura General de la Nación)", continuó.

El Estado, según Morales, debería contratar un auditor externo --la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, por ejemplo-- para que, con independencia de criterio, fije si el patrimonio neto resultante del análisis del Tribunal de Tasaciones y la Sigen es el correcto.