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“No tenemos un Código Ambiental porque la clase política empresaria de la Ciudad sabe bien que permitir el debate y la realización de un diagnóstico participativo, que son las instancias primarias y preparatorias para iniciar el debate de un nuevo código, va a visibilizar las problemáticas ambientales que no tienen la suficiente relevancia en la agenda pública y va a generar que la ciudadanía conquiste más derechos”, expresó Jonatan Baldiviezo, del Observatorio de Derecho a la Ciudad, en diálogo con GestionPublica.info.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagra, entre los artículos 26 y 30, la preservación y defensa del medio ambiente, la fauna y flora, así como el patrimonio cultural, urbanístico y arquitectónico. Asimismo, el artículo 81 dispone que con el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de la Legislatura porteña, esta “aprueba y modifica los Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación”.

Actualmente en la Legislatura se encuentra en debate el código urbano, sin tener en cuenta el ambiental. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se acercaron a la justicia para pedir que se declare esta deuda, como una omisión inconstitucional y se obligue tanto a la Legislatura Porteña, como al Poder Ejecutivo, a aprobar un Código Ambiental para la ciudad.

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