El legislador radical Gabriel Pluis celebró el fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia, que declaró inconstitucional a la ley 774. Fue el único parlamentario que no votó la norma en diciembre pasado, y soportó fuertes cuestionamientos de sus propios pares. Hoy considera que la Justicia puso blanco sobre negro y acusa al gobierno de haber "pretendido pintar con brocha gorda" a los organismos de control que habían advertido la ilegalidad del acuerdo.

Río Grande.- Con la autoridad que le confiere haber sido el único legislador que no votó la ley 774, declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia, el legislador Gabriel Pluis -UCR- analizó el fallo que dio un cierre a la discusión sobre el marco legal, a pesar de que el gobierno arista pretenda seguir avanzando.

En declaraciones a FM Artika, indicó que este fallo "viene a poner un poco blanco sobre negro en todo este tema", y resaltó su rol como oposición que intentó construir, pero no a pesar de la ilegalidad en que se montó este acuerdo.

"Nosotros hemos ejercido una oposición absolutamente constructiva, sobre todo porque entendemos que hay asuntos que son para ser tratados como políticas de Estado que trascienden una gestión y un partido político. Siempre dijimos que estamos a favor de la industrialización de los hidrocarburos, pero planteamos que las cosas se hicieran bien de acuerdo a derecho, que se respetara la Constitución", dijo.

Indicó que si se seguía avanzando de esta manera, con un contrato que "era el más importante de la historia de la provincia", en el corto plazo se haría evidente el mal negocio entablado. "Estábamos seguros de que iban a arreciar los cuestionamientos a las pésimas condiciones de contratación, desde lo jurídico, desde lo político, desde lo institucional, desde lo técnico y desde lo económico -dijo-. 

Ibamos a tener que decirle a la gente "bueno, en ese momento lo hicimos en función de una necesidad, priorizamos no sabemos muy bien qué", por eso hoy siento una íntima satisfacción de que desde mi partido y desde mi persona en su momento hayamos dicho "así no", y que muchas otras voces y actores de otros partidos políticos también se hayan levantado en el transcurso de este año 2009, cuando también empezaron a ver las grandes irregularidades que había alrededor de todo esto, y que hayan ido sumándose, al punto de que el STJ dijo lo que dijo".

La única mano

El fallo le permite a Pluis revertir el descrédito en que se vio inmerso por operativos de prensa del oficialismo y de la propia oposición de la Cámara que extrañamente sigue defendiendo el convenio, aunque con mayor disimulo: "Yo creo haber sido y voy a seguir siendo muy prudente en esto. Creo que hay que ser muy mesurado y tener cuidado en todo lo que se hace. En ese momento fuimos muy sintéticos, claros y contundentes. Había muchas cosas que no estaban claras en la formulación jurídica de lo que se llevaba a la Legislatura. Posiblemente, por mi carácter de abogado, tenga la posibilidad de tener una lectura un poco más avezada. Simplemente lo que dijimos fue "señores, acá no están dadas las condiciones para avanzar con este contrato y deberán revisar todo lo actuado". El Tribunal de Cuentas ya se había expedido, la Fiscalía de Estado también, y durante este año fueron innumerables las oportunidades tanto del Tribunal de Cuentas como la Fiscalía de Estado que casi le imploraron a la gobernadora que no siguiera avanzando en este contrato, de la manera que lo había hecho", recordó.

La posibilidad de que el gobierno continúe ensayando recursos judiciales se topa con otra realidad: que quien representa a la provincia en estas actuaciones es el Fiscal de Estado, uno de los organismos que primero cuestionó el convenio. Para Pluis esto marca claramente la gravedad institucional en que está inmersa la provincia, y que llegó al punto de no dejar claro si la competencia para resolver sobre el acuerdo era del Ejecutivo o de la Legislatura, porque ambos poderes derivaban la responsabilidad al otro.

La gravedad institucional se traduce, además, en el intento del gobierno arista de desconocer a los organismos de control creados por la Constitución, y así lo expuso Pluis, muy gráficamente: "No se definía si le correspondía al Ejecutivo o al Legislativo, y si el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía están pintados o no. Porque acá se pretendió esto: pintar a las instituciones de la Constitución con brocha gorda y pintura al agua -enfatizó-. Nosotros planteamos que si tenemos en la Constitución de la provincia reglas para el comportamiento no sólo de las instituciones, sino de las instituciones con sus ciudadanos, empecemos a respetarlas. La verdad que hubiese sido esperable y coherente otra actitud de un gobierno que accedió al poder con un discurso de transparencia, de ética, de respeto a las leyes, tildando de demonios, de corruptos y que el que no era corrupto garantizaba impunidad del resto de la clase política. Lo que dijimos es que hagan bien las cosas, una compulsa de precios, un pliego de licitación, y que vengan los oferentes, que esto es en definitiva lo que dice el fallo del Superior Tribunal, que sean los empresarios con probados antecedentes en la materia lo que lleven adelante este asunto, que es la puesta en valor de regalías a partir de no recibirlas ya en plata sino en especies".

Pluis recordó que al comprometer las regalías se estaba "hipotecando por 25 años a la provincia en lo que es su mejor garantía -puesto que se usan así en casos de adelantos de coparticipación o toma de créditos-. La verdad es hipotecar a las generaciones futuras", remarcó.

El legislador concluyó con una observación hacia el partido gobernante, del que se observa "un profundo desprecio por el marco de legalidad que nos vincula, que nos hace una sociedad civilizada", y se sorprendió del "inesperado giro sobre todo para el común del electorado. La verdad que desconocemos cuáles han sido las razones que han llevado a este inexplicable cambio de políticas y de relacionarse con los ciudadanos por parte del gobierno del ARI", concluyó.