Según datos oficiales a los que accedió La Voz, en 2004 se depositaron en nuestro territorio unas nueve mil toneladas de residuos peligrosos, y en 2014, se superaron las 25 mil. Ambiente: se “importan” más residuos peligrosos

La provincia de Córdoba se ha convertido en un vertedero de las industrias más contaminantes del país, ya que es uno de los cinco distritos que permite el tratamiento de residuos peligrosos generados en otras jurisdicciones.

Según datos oficiales a los que accedió este diario, en 2004 se depositaron en nuestro territorio unas nueve mil toneladas; y en 2014, se superaron las 25 mil.

Se denomina residuo peligroso al que puede dañar a los seres vivos o contaminar el ambiente en pequeñas proporciones. Puede ser de origen patológico o industrial. En la provincia, existen 25 plantas habilitadas. Es una actividad necesaria, pero muy riesgosa. Por ejemplo, uno de estos establecimientos quedó en el medio de una controversia a fines de marzo, cuando las copiosas lluvias lo anegaron y podrían haber generado un derrame de líquidos contaminados en el canal que conecta a Los Molinos con Córdoba para el abastecimiento domiciliario de agua.

Por lo tanto, se deben extremar las medidas de control por parte del Estado a lo largo de toda la cadena de responsabilidades: quien genera el residuo contrata a alguien para que lo transporte y se lo entregue a quien lo tratará y le dará un “estado final”.
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De acuerdo con la ley 24.051, cada vez que una industria o un hospital genera residuos peligrosos debe elaborar un documento que se entrega al principio y al final de ese proceso a la Secretaría de Ambiente. Y si los materiales se transportan de una provincia a otra, debe intervenir el Ministerio de Ambiente nacional, donde deben quedar registrados todos los movimientos.

Pues bien, cuando la Auditoría General de la Nación analizó el período 2012-2014 de la Dirección de Residuos Peligrosos, dependiente del Gobierno nacional, determinó que esa dependencia “no tiene capacidad para controlar el transporte interjurisdiccional” de los residuos. Algo semejante ocurriría con los controles locales. Según un exfuncionario provincial, el área fue desmantelada. Si a eso se agrega que la ley nacional recibió numerosas críticas, fundamentalmente porque estructura un dispositivo de control que se basa en la autorregulación empresarial y restringe las funciones de control e intervención del Estado, se comprende que la sociedad está frente a un problema que no se puede dimensionar en su totalidad por falta de información.

Como dijimos en otras oportunidades, el medio ambiente es de todos y sólo hace posible nuestra vida si se preservan de su degradación ciertos parámetros vitales.

En consecuencia, el tratamiento de residuos peligrosos debe realizarse bajo estrictas y permanentes medidas de control por parte de un Estado con capacidad operativa para hacerlo. Sólo así la sociedad podrá volver a sentirse segura.