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Hasta junio de 2016 la venta de tierras rurales estuvo regulada por la Ley de Tierras (Nro 26.737) que sancionó en diciembre de 2011 el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entre otras cuestiones, la norma disponía que en las “zonas núcleo”, consideradas las más productivas, la propiedad de tierras en manos de extranjeros no podía superar las mil hectáreas. Además, establecía que si los terrenos eran adquiridos en zonas protegidas, no podían ser superiores al 15% de la superficie.

Asimismo, obligó a las provincias a informar en los 60 días posteriores a su vigencia la cantidad de tierras en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.

Este mes, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe realizado sobre el Ministerio de Justicia y el Registro de Tierras Rurales, referido al procedimiento para la adquisición por parte de extranjeros durante 2014.

El trabajo, elaborado por la Gerencia de Control de Gestión, determinó que ninguna provincia superaba el 15% de tierras vendidas en zonas protegidas, pero que “solo Santa Fe y Tucumán tienen un catastro parcelario depurado”.

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