Publicado: 18-04-2010

Buenos Aires.- La venta de leche del ministerio de Desarrollo Social en Paraguay y el desvío de mercadería en Benito Juárez extendieron un manto de dudas sobre el manejo de los alimentos que el gobierno bonaerense destina a las familias pobres. El ministro aseguró que ahora se ha implementado un "sistema de controles adecuados".

Los alimentos del ministerio de Desarrollo Social bonaerense están en la mira a raíz de los casos en los que se detectó el desvío de esos productos que eran para las familias pobres. Primero fue la venta de leche proveniente de los programas de ayuda social en Paraguay, el mes pasado. Pocos días después, apresaron a una persona cuando intentaba entregar mercadería del Plan Más Vida a un comercio. Tras cartón, el intendente de Benito Juárez, Pedro Gamaleri (UCR), denunció que el Municipio no recibía alimentos y que habrían sido entregados al titular de la firma estatal Buenos Aires Gas (Bagsa) y ex intendente, Julio Marini (PJ).

El ministro del área, Baldomero Alvarez de Olivera, dijo a Hoy que "la intención es no tener más estos casos, y para eso estamos implementando un sistema de controles adecuados". En tanto, hay dos denuncias presentadas en la Justicia federal y provincial por el caso de Paraguay; mientras que en la Legislatura se presentaron proyectos que buscan esclarecer la comercialización ilegal de estos productos.

En la semana se aprobó un pedido de informes del diputado Gustavo Zúccari (UCR) por el caso de Benito Juárez. Al tiempo que su colega Gustavo Ferri (Unión-Pro) impulsó la creación de una comisión especial para establecer qué ocurrió.

A su vez, el diputado provincial Sebastián Cinquerrui (Coalición Cívica-ARI) sostuvo que "en marzo de 2008 se detectó leche del ministerio que se vendía no sólo en Paraguay, sino también a través de internet".

En ese momento, presentó una denuncia en la que aseguró que "hay personas del ministerio que están identificadas en esa causa". Un año después se repitió el episodio en el mismo lugar: una feria de Paraguay al estilo La Salada en la que se vendía la leche con el logo oficial.

Desde el ministerio aclararon que la leche que se vendía en el país hermano no era del Plan Más Vida. Ese programa distribuye leche a 574 mil familias, y para controlarlo hay 37 mil trabajadores en el Conurbano y 4 mil en el interior, aclararon. Además de ese programa, se reparte leche a 677 jardines en 40 distritos del Conurbano y se entregan 700 mil kilos de alimentos a movimientos sociales, de los cuales el 15% es leche.

La provisión de alimentos se completa con el Servicio Alimentario Escolar (SAE), por el que se entrega a los consejos escolares de los municipios $ 62 millones por mes para abastecer a los 4.500 comedores que hay en la Provincia.

Con relación a los comedores, Cinquerrui aseguró que "hay entidades fantasmas como en un barrio de San Miguel donde figuran cuatro o cinco comedores y hay sólo uno y nadie recibe esa mercadería". Este año, la cartera que conduce Alvarez de Olivera impulsó un "sinceramiento de cupos", pero la medida fue muy criticada debido a que ahora la comida no alcanza para todos los alumnos.

Ya en 2005 la Sindicatura General de la Nación (Sigen) había detectado muchas irregularidades y un control totalmente deficiente de la mercadería que el gobierno destina a quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

Bronca en Benito Juárez

Días atrás, el Municipio de Benito Juárez denunció irregularidades en la entrega de leche del Plan Más Vida que el ministerio de Desarrollo Social destina a 340 madres. En la Comuna detectaron que la leche en polvo que no recibían se entregaba a la empresa Buenos Aires Gas (Bagsa), que encabeza el ex intendente justicialista Julio Marini.

Desde la cartera bonaerense aclararon a Hoy que se trató de "un error lamentable" en el depósito. Fueron 942 kilos de leche en polvo que se entregaron junto con otra partida destinada a comedores de Cáritas, que entrega esa compañía. El actual intendente radical, Pedro Gamaleri, aseguró que no recibía la leche desde hacía tres meses.

"Las sospechas que tenemos es que están bajando ayuda social por unidades básicas que no son las vías oficiales y no por los municipios", acusó el diputado provincial Luis Oliver (UCR).