Publicado: 31-05-2012 
  
Santa Fe.- Oficialismo y oposición coinciden: el marco regulatorio del sector de saneamiento en Santa Fe debe ser actualizado. Un debate pendiente, que se espera construir con participación ciudadana.

"El gobierno trabaja en su proyecto, ha hecho consultas y tiene su propia visión; está en este tema del marco regulatorio desde hace más de dos años y seguramente presentará su propuesta", deslizó ayer, en la presidencia de la Cámara de Diputados, el titular del Enress, Alberto Muñoz. Fue cuando miembros de la oposición sugirieron que no existe en el Ejecutivo una visión de largo plazo para el sector del saneamiento en Santa Fe.

Los miembros del directorio del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios fueron ayer al despacho de Luis Rubeo (PJ-FPV), invitados por la Cámara Baja. Junto a Muñoz estuvieron Oscar Pintos, Héctor Brachetta, Juan José Giani y Julio Blas.

Un proyecto del diputado Héctor Acuña -que sigue con atención el tema del saneamiento desde que fue concejal en los ‘90- convocó al directorio del ente regulador, bajo una idea: repetir la experiencia de las audiencias públicas, pero esta vez no para discutir sobre un aumento de tarifas sino sobre el marco regulatorio de los servicios de agua potable y cloacas.

Santa Fe tiene en la agenda pública la atención puesta sólo sobre uno de los prestadores: Assa, la empresa pública Aguas Santafesinas Sociedad Anónima. Sin embargo la provincia cuenta en realidad con otros 327 prestadores, entre cooperativas, comunas y municipios, que tienen algo en común: ninguna tiene como finalidad el lucro.

Los diputados provinciales Mario Lacava (PJ-Santa Fe en Movimiento), Alicia Damiani (PJ-Bloque Kirchnerista del FPV), Darío Mascioli (PJ-Bloque Kirchnerista del FPV) y Santiago Mascheroni (FPCyS-UCR) participaron de la reunión que presidió el kirchnerista Rubeo.

La idea con que concluyó el encuentro es que será la Cámara de Diputados la que tomará la iniciativa de convocar a las audiencias públicas; que se harán reuniones en Santa Fe, así como en Rosario y otras localidades del interior para que de la participación de las entidades que se han interesado en el tema y de los funcionarios del gobierno santafesino, se promueva el debate sobre cómo debe ser el nuevo marco regulatorio para el sector.

De concretarse la iniciativa, además de una invitación del Legislativo al Ejecutivo, habrá puertas abiertas para municipalidades, comunas, el movimiento cooperativo (representado por la Fencap) y las organizaciones de usuarios. También el Foro del Agua (que también ayer se presentó en el Hall del Palacio Legislativo, con Juan Venesia como su principal orador, el primer titular de Assa, durante el gobierno de Jorge Obeid) y del Observatorio del Agua que funciona en la Universidad Nacional del Litoral.

"Nuestra intención no es que los legisladores vayan a esas audiencias a hablarle a la gente, sino a escucharla", dijo Rubeo.


Diferencia

Muñoz dijo a los diputados que la ley 11.220 y toda la normativa que creó el Enress y terminó con la Dipos tiende a que el Estado controle las metas ("el qué de la concesión), mientras que ahora, con la empresa en manos del sector público se trata de verificar la calidad del gasto ("el cómo del desempeño de Assa y de todos los demás prestadores).

Pintos, el vicepresidente del Ente, dijo que la "contabilidad regulatoria" es insuficiente para la situación actual, porque no muestra si existe o no eficiencia en el gasto.

Sin medias tintas, los directores del Enress dijeron a los diputados de la oposición que la recaudación actual no cubre los gastos operativos de Assa, "más allá de que pensemos o no que hay ineficiencias".


Metas y objetivos

El afán de lucro ahora está ausente. Esa es la principal diferencia con el esquema de privatizaciones de la etapa anterior, cuyas normas regulatorias aún están vigentes. Las reglas, los controles, los derechos de los usuarios y los objetivos del Estado fueron pensados para un actor que ya no existe: una empresa privada interesada en obtener una ganancia con la provisión de un servicio público, que constituye un monopolio natural (la ex Aguas Provinciales, de capitales franco-argentinos).

Recién durante el gobierno de Hermes Binner, un dictamen del fiscal de Estado Jorge Barraguirre le permitió al Enress salirse del rígido esquema que contiene la Ley 11.220. Hasta entonces, el control estatal estaba limitado a verificar que la compañía privada cumpliera las metas del contrato: la privatización de Carlos Reutemann hizo que no se pagara canon por explotar, como una vulgar mercancía, el agua potable.

En la presidencia de la Cámara Baja se reunieron diputados del justicialismo y del Frente Progresista con el titular del Ente de Control, Alberto Muñoz.