Jujuy.- Un análisis preliminar del documento producido por el radicalismo en Tilcara el pasado fin de semana le permitió al diputado provincial Pablo Baca señalar una serie de puntos que consideró fundacionales para lograr el objetivo de abordar "la necesidad de superar el conflicto permanente, para diseñar, sobre la base de la participación social, un proyecto de progreso para Jujuy, un gran acuerdo económico y social que devuelva el futuro a los jujeños".

Según el legislador, ese "Acuerdo para la convivencia y el progreso" debe ser entendido como "una herramienta que permitirá revertir el estado de agotamiento que exhibe el modelo de provincia que el oficialismo ha instalado en las últimas décadas". De ese acuerdo destacó "el objetivo de recuperar la autoridad política democrática y garantizar los derechos de todos".

Desde su posición observa que "en el marco del actual sistema político no existen posibilidades de desarrollo y esto ha llevado a que se propague el desaliento y la sensación de falta de futuro de muchos jujeños que no perciben alternativas de progreso para sus familias" y tras advertir que "el camino del desarrollo sigue siendo un trabajo pendiente de los jujeños" señaló que "con recursos naturales, cultura, con extraordinarios paisajes, Jujuy sigue sin un proyecto de desarrollo y crecimiento. Al contrario, el examen más elemental de la situación de los jujeños nos enfrenta a una economía estancada y una situación social llena de problemas y conflictos.
Los jujeños padecen de problemas crónicos de falta de empleo, de educación y salud, descuido del medio ambiente e inseguridad", se quejó.


Refiriendo luego diagnósticos efectuados por los equipos técnicos del Instituto de Políticas Públicas, sostuvo que "la provincia se encuentra en una situación de absoluta dependencia respecto del Gobierno nacional no sólo en materia de recursos. También los programas de acción política y las obras públicas se deciden y diseñan en Buenos Aires. A esto se suma una absoluta falta de proyectos y programas provinciales de modo que las autoridades provinciales se limitan, en la mayoría de las cuestiones de Estado, a ejecutar planes y programas nacionales".

Por ello, entre las conclusiones alcanzadas en Tilcara Baca citó como una de las más relevantes "la necesidad de encarar una profunda reforma del Estado, que entre otras medidas- incluya la creación de una Oficina Anticorrupción, la creación de una Sindicatura de Control Interno y la puesta en vigencia de las disposiciones sobre ética pública".

En este plano hizo especial mención a que "se ha desarrollado el concepto de Gobierno Abierto, con una serie de herramientas destinadas a hacer accesible el Estado a las demandas de la comunidad, que se complementa con la necesidad de ampliar y hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública".

En otro orden, como medidas destinadas al desarrollo social y económico dijo que en el Acuerdo se propone la creación de un Instituto de Ciencia y Tecnología y de un banco de proyectos, mientras que en materia de calidad institucional, "se sostiene la necesidad de establecer un régimen de autarquía del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas, que les garantice los recursos necesarios para su funcionamiento y plena independencia. Se ha previsto garantizar la independencia en particular del Juzgado de Minas. También se propuso un sistema de selección de jueces por concurso y la reforma del código de contravenciones", subrayó el actual legislador.