Publicado: 13-10-08

Plazos: una vez que el procurador general formalice la acusación, Perés y el vocal Rivero tendrán diez días para hacer su descargo. Y a partir de ese momento habrá otros 15 días en los que se pueden seguir acumulando pruebas.

El procurador general de la Provincia, Mario Bongianino, presentará esta semana la acusación formal contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Perés, y el vocal Rubén Rivero, luego de que el jury dispusiera que deben ser sometidos a un juicio oral y público que determine si cometieron un delito cuando descontrolaron las cuentas del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) en la época de Rubén Marín gobernador.

Bongianino tiene tiempo hasta el jueves para presentar formalmente el escrito acusatorio. Desde entonces empezarán a regir nuevos plazos, para que los acusados se defiendan y para la incorporación de nuevas pruebas.

Perés sigue siendo presidente del Tribunal de Cuentas, ya que los integrantes del jury resolvieron que no era necesario suspenderlo, bajo el argumento de que no hay peligro de que cometa el mismo delito, o de que entorpezca la investigación definitiva.

El mismo jurado -conformado por el juez del STJ Víctor Menéndez, los diputados Martín Berhongaray (UCR) y Patricia Lavín (PJ) y los abogados Héctor de la Iglesia y Marina Vannini- resolvió dejar a salvo del juicio a Juan Carlos García, otro vocal del TdC, que no intervino para nada en los controles al organismo de vivienda.

Los hechos de corrupción en el IPAV se sucedieron durante años: las principales autoridades, Hugo Agüero y Luis Araniz -vicepresidente y gerente general, respectivamente-, fueron condenadas por el delito de enriquecimiento ilícito, estafa y ofrecimiento de dádivas. Estuvieron detenidos algún tiempo. La millonaria estafa -que explotó judicialmente cuando Marín dejó el Gobierno- todavía tiene otro capítulo por cerrar, ya que está pendiente el juicio oral y público en que aparecen acusados los integrantes de la familia Peñalba, que tuvo importante participación en los hechos y en su posterior descubrimiento.

Frente al millonario desfalco, el TdC hizo poco y nada: el incremento de los patrimonios de Agüero y Araniz se conoció antes por la prensa que por la intervención de los funcionarios de control. Y Perés argumentó que no podía controlar algunas cuentas del IPAV porque los funcionarios las mantuvieron ocultas. También deslindó responsabilidades: durante el juicio cargó las tintas sobre empleados de menor jerarquía, e incluso sobre pasantes.

Una vez que se conozca la acusación de Bongianino, Perés y Rivero tendrán que presentar su defensa en un plazo de diez días. Después habrá 15 días más para aportar pruebas. Y finalmente, se llevará a cabo el juicio en la Legislatura.

El presidente del jury, Víctor Menéndez, fijará día y hora del debate. Deberán estar los acusados y las personas que intervienen en el juicio. El acusado podrá tener hasta dos defensores.

El artículo 37º de la Ley 313 explica que "el debate será oral y público". Aunque por razones de orden público y moralidad podrá ser a puertas cerradas. Las audiencias serán diarias hasta la finalización. Si es necesario, por "diligencias en el exterior’, "circunstancias extraordinarias" o "inesperadas", podrá suspenderse diez días.