Publicado: 29-10-2009
 
Una primera prueba piloto en la ciudad de Santa Fe, cuyos resultados fueron difundidos a principios de este año, detectó una serie de falencias de distinto nivel, muchas de ellas de cuño administrativo y en algunos casos subsanables. Pero, sobre todo, convenció al gobierno sobre la necesidad de llevar a cabo un relevamiento orgánico y estricto que, mediante auditorías del Ministerio de Desarrollo Social y la Sindicatura General de la provincia, dispuso un verdadero "rastrillaje" en las dos principales ciudades santafesinas.

Mientras los datos de esta capital se conocerán en breve, los correspondientes a Rosario son alarmantes: los operativos dispuestos permitieron detectar que 55 establecimientos que recibían subsidios del Estado no existían, tenían muchos menos comensales de los declarados o solamente brindaban copa de leche, aunque cobraban como si diesen almuerzo.

Una indagación básica reveló diversos modus operandi, en ningún caso demasiado complejos ni elaborados: previo cobro del dinero, los responsables fraguaban compras y documentación de respaldo, o exageraban los números correspondientes a los gastos o a los supuestos destinatarios del beneficio. El burdo procedimiento no encontraba ningún tipo de escollos en la burocracia gubernamental que, durante años, sostuvo por desidia o intereses espurios esta costosa ficción, palmariamente demostrativa de un próspero y firmemente establecido sistema de favores clientelares y estafas al erario público.

Mientras a nivel nacional campea la idea de que se ha montado un férreo mecanismo de sujeción y control de voluntades a través del comercio de recursos asistenciales y la connivencia de intereses económicos y políticos, la experiencia santafesina corrobora que durante mucho tiempo se extendió en ese campo, cuanto menos, la absoluta falta de control y la tolerancia de estos actos de corrupción.

Por eso, la implementación de mecanismos que permitan un seguimiento estricto, riguroso y transparente, no es un subterfugio para obstaculizar y constreñir la ayuda social, sino el mejor reaseguro de que los fondos lleguen a sus legítimos destinatarios. Hasta el momento, la actual administración demostró seguir esa pauta, al habilitar nuevas instituciones con los fondos cortados a los infractores. La certeza de los métodos utilizados y la exhibición de pautas claras y perceptibles, será la mejor garantía de que no se trata de establecer un sistema de premios y castigos de signo revertido, sino de hacer justicia allí donde la comunidad más lo necesita.