Publicado: 17-04-2011

La búsqueda de información sobre el tema que iba a desarrollarse en esta nota, la capacitación del personal para asistencia en desastres naturales o generados por el hombre, nos llevó a detectar ciertas deficiencias en el plan nacional y de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la coordinación y la interacción jurisdiccional frente a las posibles emergencias.

Si bien la preparación en incidentes, tanto desde las fuerzas de seguridad, los bomberos federales y voluntarios, como en las agrupaciones de ayuda humanitaria, se da de manera integral y constante, si no se parte de un sistema de coordinación que los agrupe y organice, la respuesta frente a estas situaciones resultaría ineficiente y anárquica, como se vio en los casos acontecidos desde el temporal de 1999, hasta República de Cromañón.
Las idas y vueltas de un plan del que pocos saben. En 1999, como consecuencia de la inundación en el Litoral causada por el fenómeno climático conocido como El Niño (donde murieron oficialmente 23 personas, hubo 400 mil afectados y todavía hay cientos de desaparecidos), se creó a nivel nacional el Sistema Federal de Emergencias (Sifem), una condición impuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para otorgar un crédito de más de 200 millones de dólares destinados la recuperación de las zonas afectadas por la catástrofe.

En aquel momento, el Gobierno asumió su falta de planificación y se pudo ver a las Fuerzas Armadas desplegando su peso logístico sin planes de respuesta previamente elaborados con distinción de funciones, falta de centros de evacuación y de datos confiables sobre el número de evacuados.

Durante el inicio del gobierno de Fernando de la Rúa, el Sistema Federal de Emergencias, que dependía directamente de la Jefatura de Gabinete, pasó a estar a manos de "un director sin designación formal, que cumplía en realidad funciones de asesor de uno de los subsecretarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros", dice un informe elaborado en 2004 por el Centro de Estudios de Política, Administración y Sociedad (Cepas) y que se llamó, justamente, "A cinco años de la creación del Sifem".

Continuando la línea, en 2008, primer año de gestión del actual gobierno nacional, el desde entonces subsecretario de Desarrollo y Fomento Provincial, José Luis Barbier, aseguró al diario Clarín que el Sifem "no se reúne desde hace ocho años", pese a que, entre otras cuestiones, debía llevar a cabo una actualización de datos permanente y una periodicidad en la coordinación de los actores intervinientes para prevenir emergencias y gerenciar recursos ante esas situaciones. Al parecer, y por cuestiones vinculadas más a papeles y oficinas que a la capacidad de los recursos humanos, el Estado argentino no estaría preparado para ofrecer respuestas rápidamente frente a alguna catástrofe. Ni, por lo menos, dar detalles sobre sus actividades en la materia. Un ejemplo: nunca hubo respuestas al pedido de informes sobre este tema que hizo a mediados del año pasado la diputada nacional por el Peronismo Federal, Ivana Bianchi. En tanto, el Sifem continúa sin implementarse en todas las provincias y municipios del país, y podemos recordar la imagen de familias enteras sobre los techos de sus casas en la inundación de Tartagal, en la provincia de Salta, en 2006, que se produjo por crecida del río que atraviesa esa ciudad. O la misma imagen, pero en 2009, que según datos oficiales, afectó a 10 mil personas, y en los centros de evacuados fueron atendidos sólo 500.

Pese a esto, hay un grupo humano integralmente capacitado que fue enviado para colaborar en las últimas catástrofes de Haití, Chile y Japón.

Incendios


El Plan Nacional de Manejo del Fuego se constituyó antes del Sistema Federal de Emergencias, pero con un objetivo en común, la prevención y combate de incendios forestales o industriales. Sin embargo, según una investigación elaborada por el sitio de internet www.elauditor.info, en 2009 "el Estado redujo el 87% del presupuesto del programa", pese a que la Auditoría General de la Nación (AGN) había señalado en 2005 que casi todo el Plan alcanzaba a cubrir sólo la contratación de helicópteros y aviones hidrantes. De hecho, desde 2001 el mismo organismo de control había notificado que el presupuesto asignado no se adaptaba a las necesidades mínimas para el manejo de incendios forestales.

¿Qué pasa en la Ciudad?


Desde mediados de 2009, la Ciudad cuenta con el Plan Director de Emergencias para la prevención, acción y recuperación de catástrofes.
Su tarea es afrontar de manera eficaz las eventuales emergencias en el ámbito local, interactuando con la Nación, de quien dependen la Policía Federal y los bomberos federales.

El nuevo plan designa como autoridad máxima al Subsecretario de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. No obstante, el mismo decreto (695/09) expresa que, por un acuerdo entre los gobiernos de la Ciudad y la Nación para actuar frente a "emergencias mayores", según su nivel de gravedad o la necesidad de recursos, las acciones deberán ser coordinadas por una comisión interestatal integrada por los ministros de seguridad de ambas jurisdicciones. Es decir que un comité tiene que ponerse de acuerdo para dirigir y supervisar las acciones, convirtiéndose en el "máximo responsable" de la operación. Más allá de los conflictos coyunturales, la norma que da origen a este plan no aclara si hay, como en todo manual de emergencia, un funcionario que conserve la atribución de poder tomar la última decisión. Por ejemplo, como pasó en el atentado a las Torres Gemelas, en septiembre de 2001, donde el entonces alcalde de Nueva York mantuvo el mando de las operaciones.

Uno de los objetivos más difíciles en este tipo de sistemas es coordinar los recursos locales, como el SAME, y los nacionales, como la Policía Federal y bomberos, y llevar a cabo una capacitación social permanente. Lo contrario, resulta en caos, como ocurrió en el incendio de República de Cromañón, en diciembre de 2004. Nicolás Absi, sobreviviente de la tragedia, relató cómo él y sus compañeros volvieron a entrar al lugar para salvar a otros heridos y que, sin ningún lineamiento de protocolo, había una "pila de cuerpos" frente al boliche.

Por otra parte, el Plan porteño no contempla a los bomberos voluntarios en su unidad operativa, aunque estos dependan de la Ciudad y tengan carácter de servidores públicos.

Aún así, reciben capacitaciones específicas para estos casos. Carlos Milanesi, instructor de bomberos y presidente de los Bomberos Voluntarios de La Boca, explicó que se entrenan todas las semanas y que tienen cursos concretos, según la experiencia del profesional o su función en el cuartel. Incluso, un grupo de ellos participó en Chile de cursos sobre "Estructuras colapsadas", para rescate y atención de personas ante, por ejemplo, un derrumbe, terremoto o atentado, y de la formación ofrecida en el Consejo Nacional de Bomberos. A su vez, tienen un convenio con la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe (Acecc) para trabajar con perros en el rescate en estructuras colapsadas y capacitar al personal.

Aunque seguramente no suceda una catástrofe como la ocurrida en Japón, en épocas electorales donde comienzan a aparecer nuevas -aunque similares- agendas públicas, es necesario poner a la luz estas cuestiones, tal vez poco marquetineras, pero que dependen de un gran compromiso político. La previsión de emergencias, educación y preparación para los desastres naturales improbables, pero que podrían suceder, constituyen plenamente el concepto de pensar para el pueblo.