Publicado: 08-05-2012 
  
Córdoba.- Por los atrasos en el pago de las obras sociales debido a un conflicto con el Estado, centros de tratamiento se encuentran en una situación crítica. Se podrían interrumpir las prestaciones a afiliados.
 
Por los atrasos en las obras sociales, los tratamientos en el área de discapacidad están muy complicados.

Todo se origina en un conflicto entre la Administración de Programas Especiales (APE) –que depende de la Superintendencia de Servicios de Salud– y las obras sociales sindicales. La APE es la que le reintegra a las obras sociales los fondos de los tratamientos más costosos, como los de Sida, hemofilia y discapacidad.

La APE estuvo manejada por el esposo de la hijastra del titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, que fue desplazado en marzo pasado tras un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que detectó hechos de discrecionalidad para favorecer a determinadas obras sociales y adelantos no rendidos a algunas entidades por 689 millones de pesos.

Por otra parte, los sindicatos aseguran que el Estado adeuda a las obras sociales unos 12 mil millones de pesos, generados en retenciones a trabajadores y a reintegros tardíos de la APE.

En el medio de esa polémica están los afiliados que reciben tratamientos financiados por la APE y cuyas prestaciones penden de un hilo debido a los atrasos en los reintegros. Sucede que varias obras sociales no cobran esos montos al menos desde septiembre, y por lo tanto no pagan los tratamientos de sus afiliados.

Eleonora Arnesto, del Centro Integral de Terapeutas Especializado (Cite), explicó que la situación es muy complicada, ya que pese a los atrasos, no se interrumpen los tratamientos a la discapacidad.

En el caso del Cite, algunas entidades no pagan desde septiembre, a lo que se suma los atrasos que también tiene la Administración Provincial de Seguros de Salud (Apross).

El mismo panorama se replica en la mayoría de estos centros dedicados a la atención de personas con discapacidad, que subsisten a duras penas la prolongada falta de pago.

Incluso, en algunos casos se empezó a comunicar a los padres cuyos niños reciben tratamiento que –de no revertirse la situación– se comenzarán a interrumpir las prestaciones a las obras sociales.