El escandaloso y confuso proceso activado para destituir a Mónica Hernández, intendenta de la localidad santamariana de San José, revitaliza el debate sobre la dilapidación de los recursos económicos y financieros provenientes de la minería, acaso la deficiencia administrativa y política más relevante de la última década.

Aunque los voceros oficialistas pretendan encorsetar la discusión en determinados ejidos municipales, el dispendio y la irresponsabilidad fueron generales. Tampoco el Gobierno se privó de despropósitos con el dinero que le tocó en concepto de regalías y utilidades por su participación en YMAD. 

El aspaviento en torno a San José y otras comunas cínicamente seleccionadas elude el balance sobre el mísero impacto que los millones mineros embolsados por el Estado tuvo en la calidad de vida de los catamarqueños y el desarrollo provincial. Elude, sobre todo, las responsabilidades que le corresponden al Gobierno en tal sentido.

La hipocresía empaña la embestida sanjoseña. El criterio arbitrario para sancionar desvirtúa el accionar oficial.

Mal endémico

Se le atribuyen a Hernández malversaciones de las regalías mineras que son endémicas en todos los municipios, al margen de las coloraturas partidarias. Y lo son por una decisión política del Gobierno, que se negó recurrentemente a reglamentar la utilización de estos fondos a pesar de los numerosos planteos realizados al respecto desde diferentes ámbitos, incluido el Tribunal de Cuentas. Como tampoco instrumentó política alguna tendiente a ordenar la inversión con visión estratégica, ni sancionó los evidentes incumplimientos oportunamente, resulta cómplice del despilfarro que ahora lo inquieta, mientras aprovecha para apadrinar intentos de destitución en los Concejos Deliberantes, como el motorizado, antes que en San José, en Recreo, contra Daniel Polti. 

Casualidad sugestiva: la alarma por la malversación de regalías sólo cuaja en golpes institucionales en comunas gobernadas por la oposición. Los intendentes radicales, incursos en los mismos pecados que sus pares peronistas, no sufren inconvenientes. 

El belicho radical Daniel Ríos admitió, por ejemplo, el uso de regalías para pagar becas; el chacarero y también radical Gustavo Jalile las tomó para pagar sueldos. Pero no se ciernen sobre ellos amenazas. Los peronistas, en cambio, están en capilla. 

Los ediles del radicalismo se empandillan con pares de facciones de la siempre fértil interna justicialista para concertar las operaciones de desplazamiento. Adicionalmente, algunos de los involucrados concluirán sus mandatos en diciembre, lo que habilita a sospechar de su repentino celo por la transparencia.

Así, lo que podría haber sido coyuntura propicia para modificar los criterios de inversión de recursos cuyo flujo es circunstancial y extraordinario, se ha transformado en ocasión para maniobras palaciegas a través de las cuales el oficialismo, o un sector del oficialismo, apunta a arrebatar la administración de comunas que le son electoralmente esquivas.

Sin reglamentación

El origen de las arremetidas comunales fue un informe sobre el resultado de las auditorías realizadas en torno al gasto de las regalías mineras en los municipios durante 2007, que el Tribunal de Cuentas elevó al Gobierno hace más de un mes. El Ancasti difundió la información en detalle. 

Las irregularidades, transversales, cometidas por intendentes radicales y peronistas, son consecuencia de los márgenes a la interpretación que deja la ley que regula la inversión de recursos mineros, que se limita a establecer que el dinero debe aplicarse a "obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas", dos conceptos más bien vagos que el Gobierno no quiso jamás especificar.

En marzo de 2006, el Tribunal de Cuentas dio cuenta de los problemas que este vacío legal entrañaba para llevar adelante los controles correspondientes. Al responder una requisitoria legislativa, consignó: "Ante la carencia hasta la fecha de la respectiva reglamentación de la ley, este Organismo ha efectuado el análisis de los fundamentos que se presentaran en cada proyecto, aplicando un criterio de razonabilidad en la consideración de los mismos".

Es decir que el criterio particular de los integrantes del TC reemplazó la reglamentación legal. Una cabal demostración de la negligencia con que el poder político manejó en Catamarca la cuestión minera.

La laguna fue recordada esta semana por Luis Sarmiento, presidente subrogante del TC, al contestar críticas del Poder Ejecutivo por las "confusas" conclusiones de las auditorías. El funcionario señaló que no le corresponde al organismo aplicar sanciones a los municipios por eventuales incumplimientos. La ley otorga esta facultad al Poder Ejecutivo, que puede, llegado el caso, suspender el envío de recursos mineros. 

El Gobierno no lo hace por la sencilla razón de que debería restringirlos a intendentes propios y extraños, a un costo político altísimo, porque de lo contrario quedarían los favoritismos en evidencia. Pero como las irregularidades son inocultables y su omisiva conducta más aún, le reclama al TC mayores precisiones, acaso en la esperanza de que el organismo solamente confirme ilícitos en municipios del peronismo.

Reclamos parlamentarios

No sólo el TC aludió a la necesidad de acotar los márgenes interpretativos de la ley de regalías por vía de reglamentación. La Cámara de Diputados le solicitó específicamente al Gobierno que lo hiciera a través de una resolución.

En ese cuerpo parlamentario fueron cajoneados, además, proyectos de ley referidos al manejo de las regalías. Uno de ellos propone subsanar la omisión reglamentaria del Poder Ejecutivo y crear una comisión técnica de evaluación y seguimiento de los proyectos. Otro, crear un fondo fiduciario. Un tercero, la creación de una unidad de control de la inversión. Y hay más.

Es innegable que la voluntad política del Gobierno fue no avanzar en un mejoramiento de la ley, a pesar de que las pruebas del manejo discrecional e irresponsable de las regalías se acumularon prácticamente desde el momento mismo en que el dinero comenzó a repartirse, a fines de 2004.
El difuso escenario construido y consolidado alentó manipulaciones que mezclaron incompetencia y venalidad. Pero los intendentes no actuaron solos. Los apañaron, e incluso asesoraron, desde el Gobierno. 

No todos están tranquilos en Sarmiento y República. Algunos tienen fundados temores de quedar involucrados en situaciones muy difíciles de explicar.

Porque, sin hipocresías, San José y sus desatinos podrían convertirse en metáfora de la Provincia.

Se le atribuyen a Mónica Hernández malversaciones de las regalías mineras que son endémicas en todos los municipios, al margen de las coloraturas partidarias. 

El Gobierno se negó a reglamentar la utilización de regalías a pesar de los numerosos planteos realizados al respecto desde diferentes ámbitos institucionales.