Publicado: 06-06-2011 
  
Capital Federal.- Poca transparencia y cierta negligencia en la conservación de los recursos vivos del mar han puesto en jaque al sector pesquero.

Días atrás, el Consejo Federal Pesquero dispuso la veda a la pesca de la merluza en una porción del Mar Argentino, coronando un largo período de advertencias contra el dictado de políticas incongruentes con la sustentabilidad del sector pesquero y de los recursos ictícolas de nuestro país.

La Argentina es uno de los países con mayor litoral marítimo en el mundo y con una riqueza ictícola considerable. En este marco, la industria pesquera ostenta un valor estratégico para nuestro país no sólo derivado del valor económico de los recursos que comercializa, tomando en cuenta que el 90 por ciento de las capturas se destinan a la exportación, sino también por la presencia permanente en el Mar Argentino y la dinamización de localidades litoraleñas que dependen de la pesca.

Sin embargo, el sector se vio afectado durante décadas por la postergación de una política transparente y eficiente en el manejo de las pesquerías que han llevado hasta la actual suspensión temporal de la pesca de calamar y merluza a raíz de la "baja biomasa".

Desde diversos ámbitos, incluidos estas mismas columnas editoriales, advertimos acerca de los riesgos de la inacción de las autoridades que alentaron la sobrepesca y consiguiente depredación de las especies y las irregularidades en la declaración de las capturas, así como una deficiente articulación con otros países en la preservación de las especies transzonales. La reglamentación de la ley federal de pesca, largamente reclamada por el sector y ocurrida en noviembre de 2009, fue un hito percibido como auspicioso al avanzar en la definición y asignación de las cuotas de pesca, pero no fue capaz de torcer un rumbo ya inexorable.

Los representantes de la industria y las diversas cámaras empresarias no fueron los únicos en insistir sobre el problema. A ellos se sumó en febrero de este año la Auditoría General de la Nación (AGN), al comprobar que el límite de capturas establecido por el Consejo Federal Pesquero fue mayor que el recomendado por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), organismo técnico responsable de generar la información sobre pesquerías sobre la que debería basarse la definición de la política pesquera. La AGN, además, señaló la agravante de la sobrepesca y la pesca no declarada, calculada como un 10 por ciento mayor que la de las capturas declaradas.

En otras palabras, en la Argentina se pesca más de lo que se puede. Como consecuencia, los ejemplares son cada vez más jóvenes y también escasos, comprometiendo seriamente la renovación de las especies. Aunque medidas como la reglamentación de la ley federal de pesca han supuesto en su momento una señal auspiciosa para el sector, la continuidad de una cultura de poca transparencia sumada a cierta negligencia en la conservación de los recursos vivos del mar ha acabado poniendo definitivamente en jaque al sector.

Quizás sea oportuno insistir sobre el hecho de que la conservación de la merluza hubbsi, del calamar y del resto de las especies que pueblan el Mar Argentino no es sólo una cuestión de medio ambientalismo, de seguridad alimentaria o de presión internacional. De la pesca viven miles de familias argentinas y se nutren también las arcas del Tesoro nacional.

La transformación definitiva del estilo de gestión de la pesca en una cultura de la transparencia, de la previsibilidad a largo plazo y de la sustentabilidad del recurso requieren de un esfuerzo conjunto y sostenido en el tiempo, que integre no sólo al Estado nacional sino también al sector privado y a las provincias litoraleñas en una interacción permanente, así como un diálogo estrecho con los países vecinos y la comunidad internacional. Sólo así se otorgará al sector pesquero el protagonismo que le es debido, en lugar de un colapso definitivo.