Los fundamentos del procesamiento emitido por la sala penal de la Cámara de Apelaciones, encuentra numerosas maniobras fraudulentas que hasta rayan con lo increíble. Libros fraguados, boletas impresas en el año 2006 que intentan justificar adquisiciones realizadas en el año 2004, y hasta la firma de una persona inexistente en el Estado provincial, que habría sido quien «recibió» los módulos alimentarios que Gualdesi nunca entregó.

RIO GRANDE.- El fallo emitido por los camaristas Walter Tabarez Guerrero, Javier Muchnick y Josefa Haydeé Martín contiene contundentes fundamentos en relación al procesamiento de los ocho involucrados en este caso.

Del expediente surge que en septiembre del año 2004 se firmó el convenio por la adquisición de 33.900 módulos alimentarios en un período de cinco meses, por la suma de $2.356.050 con la firma Gualdesi.

Uno de los testigos declaró que «en alguna caja olvidada en un despacho se encontraron con varias facturas por nada menos que ocho millones de pesos», aunque nunca determinaron fehacientemente el origen de semejante deuda. Incluso la ex ministro de Desarrollo Social, Ana Sparza, es responsabilizada de ingresar facturas para justificar los $8.202.315 «sin relacionarlas con alguna contratación previa».

Las defensas de los imputados nunca lograron establecer a qué expediente de contratación corresponderían las facturas investigadas, y pretenden asignarlas a la licitación del año 2004 en base a una serie de proyecciones y cálculos sobre lo que hubiera correspondido si esa contratación se hubiera prolongado, situación sobre la cual no existe documentación alguna que hable de tal prórroga.

El ex ministro de Economía, Raúl Berrone, reconoció esa deuda cuando el Tribunal de Cuentas observó que debía acreditarse la contraprestación que resultaba inexistente, impulsando el pago de una deuda que no estaba determinada.

Entretanto el ex ministro, Horacio Héctor Sosa ,fue nuevamente procesado entendiendo el fallo que, en su paso por Economía, fue quien dispuso el pago mediante letras del Tesoro sin contar con los actos administrativos correspondientes, aduciendo incluso que «este imputado mantenía una relación previa con la persona que habría recibido y presentado el cobro una de las letras de tesorería involucradas».

Se concluye que la maniobra fue totalmente «premeditada» en «connivencia» entre los empresarios Elsa Inés Bugnest de Gualdesi y Germán Horacio Gualdesi y los funcionarios aludidos en el fallo, indicando que estos empresarios son quienes impulsaron el reclamo de la presunta deuda «con el objetivo de sustraer más de ocho millones de pesos de la órbita estatal».

Pruebas impresentables

Las apelaciones que llevaron a esta instancia por parte de los defensores, tuvieron pruebas de descargo que fueron rebatidas una a una. La primera, las boletas aportadas por la defensa de Gualdesi tienen fecha de impresión en los meses de julio y septiembre de 2006, aunque se refieren a operaciones realizadas en los años 2004 y 2005. Por otra parte, tampoco es fiable el Libro IVA Ventas de Gualdesi porque no registra estas transacciones.

Finalmente se aduce que Roberto Rubén Ferreira es quien firma y sella un papel prestando conformidad de la presunta «recepción» de los bienes o servicios contraprestados por la firma «Gualdesi». 

Lo cierto es que no existe ni existió ningún agente estatal con esa identidad, e incluso surge de la investigación que el propio procesado Horacio Fernando Medone, fue quien realizó dicha firma dando vida a este inexistente Ferreira