Publicado: 21-02-2014
 
Jujuy.- Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), entidad de la cual forma parte el jujeño Alejandro Nieva, expone severas irregularidades en las trasferencias de fondos, construcción y adjudicación de viviendas en un programa financiado con recursos públicos a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Se evalúa la legalidad y la gestión de la asignación de los fondos públicos nacionales transferidos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el marco del programa Misión Sueños Compartidos. La Auditoría revisó más de la mitad de los $ 1.295 millones que el Gobierno giró a la histórica ONG que preside Hebe de Bonafini, a la cual el Estado Nacional encomendó la construcción de viviendas y otras obras públicas de interés social.

El trasfondo de esta Auditoría lo conformaron distintas investigaciones llevadas adelante por la Justicia acerca de supuestos desvíos de fondos públicos que el Estado libró a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y sobre la responsabilidad penal que le cabría a aquellos funcionarios que debían supervisar la gestión de las distintas obras que debían construirse. Sergio Schoklender, quien apenas hace unos años fuera la mano derecha de Bonafini, continúa siendo investigado por los presuntos delitos de fraude al Estado, lavado de dinero y asociación ilícita. Todo ello en el marco de acusaciones cruzadas entre Schoklender, las Madres de Plaza de Mayo y el Gobierno. 

En su análisis, la Auditoría detectó pagos que, por sus características, ponen de manifiesto la probabilidad de serias irregularidades en el uso de los fondos públicos. Se observó, por ejemplo, que la Fundación efectuó pagos por más de $ 26 millones a empresas cuya actividad no se encontraba relacionada con la gestión de las obras y otros tantos giros a personas físicas involucradas en la causa penal que investiga a Schoklender y sus empresas vinculadas a las obras. Estos montos transferidos llegan a representar más del 20 % del total de fondos que la Fundación debía utilizar para la construcción de viviendas. 

También se detectaron cheques por montos inferiores a $ 50 mil, que fueron cobrados en efectivo y por ventanilla, por una suma total de alrededor de $ 30 millones. En algunas ocasiones, los beneficiarios de estos cheques fueron altos funcionarios públicos, tanto a nivel nacional como provincial, que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras. En muchos otros casos los beneficiarios de los cheques eran las mismas personas responsables de depósitos en efectivo en otras cuentas de titularidad de la Fundación. Infiriéndose de esto, que podría tratarse de empleados de la entidad o tener alguna vinculación contractual.

Hicieron 822 casas de 4.757

En cuanto a las obras, el informe revela que de las 4.757 viviendas proyectadas sólo se terminaron 822, sobre las cuales sólo se invirtió $ 541 millones del total de los $ 1.295 millones que el Gobierno consignará a las Madres.Junto a esto, la AGN destacó la precariedad de los títulos de quienes debían ser beneficiarios de las viviendas, como común denominador en el esquema de adjudicación de las mismas. El informe señala que la enorme mayoría de las viviendas construidas en el marco del Programa se entregaron fuera de los tiempos convenidos y mediante la modalidad de tenencia precaria, dejando a sus destinatarios frente a una situación de extrema incertidumbre, manteniendo con ello su vulnerabilidad habitacional. 

Todo esto en un contexto en donde la Unidad Ejecutora Nacional y Locales no hicieron debido uso de su facultad de realizar las tareas de supervisión de las obras y rendición de cuentas, ni ejercieron su derecho a rescindir los contratos, habiendo causas suficientes para hacerlo. 

El informe de AGN también expone otras debilidades en el sistema de control de las obras e irregularidades en la gestión. Así, se observaron adjudicaciones en forma directa sin sustentación legal válida, lo cual afectó seriamente los principios de libertad de concurrencia de oferentes, igualdad de oportunidades a los mismos, publicidad de los actos y transparencia en los procedimientos, principios que deben regir en todo proceso de contratación del Estado, así como la obtención de las condiciones más ventajosas para el interés público.